- 2020 lecturas
Se maneja como un “Estado Mayor”, con presencia de “guardias civiles” y ausencia del Estado. Así trabajan cinco cooperativas que explotan sin control los yacimientos auríferos de Arcopongo, allá donde en mayo de 2014 se produjo un enfrentamiento entre mineros y avasalladores con tres muertos, varios heridos y la promesa del gobierno de ejercer un control que se desvaneció en el camino.
Arcopongo está ubicado a 127 km al oeste de la ciudad de La Paz, en la provincia Inquisivi, a una altura de 2.677 metros s.n.m. Hasta ahí llegó el senador beniano Yerko Núñez el sábado 5 de mayo, para encontrar los motivos del por qué, el Ministerio de Minería durante siete meses no responde a un cuestionario sobre la actividad minera en ese distrito enclavado en montañas.
El río Chaqueti es el que trae y almacena los yacimientos de oro. Al llegar a sus orillas, el senador se encontró con una tranca, una cadena que cruzaba de un lado a otro, pero imposible de pasar. Un anciano lo esperaba a un costado de la tranca para preguntarle quién era. “Soy el senador Yerko Núñez”, le respondió.
“No puede pasar”, le dijo el anciano ataviado de una parca y gorro que le tapaba la orejas para enfrentar el frío. “Por qué no puedo pasar. Si es propiedad privada no puedo pasar, pero si es pública sí puedo para fiscalizar”, explicó sin éxito el legislador, mientras un comunario gritaba: “forme la guardia”.
Al rato varios hombres subieron hasta la tranca, donde procedieron a filmar la movilidad del senador Núñez, quien pese a exhibir su credencial de Senador, no pudo ingresar y al contrario fue objeto de registros fotográficos y filmaciones.
No recibió explicación alguna y solo le dijeron que ingresaban personas conocidas siempre que sean autorizadas “por el Jefe de La Paz”.
Al final Núñez y sus acompañantes no ingresaron, pero tampoco retornaron con las manos vacías, sino con imágenes que muestran un gran movimiento de maquinaria pesada. Volquetas que recogen tierra en las orillas del río Chaqueti y llevan a enormes lavaderos de oro, mientras al frente palas mecánicas valuadas en 400 mil dólares, devoran cerros y cargan la tierra aurífera.
Desde el conflicto de 2014 e incluso antes, hay una suerte de división de los comunarios: aquellos que no son cooperativistas y que buscan tener acceso a una parte de la riqueza y otros que ingresaron a la cadena del engorde aurífero y se transformaron en cooperativistas.
Nadie sabe si la maquinaria es de su propiedad o de algún inversionista, que a cambio de los equipos y el capital de trabajo que pone, recoge kilos de oro.
Algunos comunarios cuenta que las cooperativas alzan hasta 20 kilos de oro por día. Son cinco las beneficiarias de esta concesión que otorga la hoy llamada, Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), dependiente del Ministerio de Minería, que concentra todos los poderes del Estado para concesionar, autorizar y fiscalizar la actividad minera.
Luego de su travesía de 18 horas, (9 de ida y 9 de vuelta) Núñez evaluó su visita y concluyó que las cooperativas mineras le “están robando” al país, están destruyendo la madre tierra y contaminando con mercurio el río que da vida a los pobladores porque el río Chaqueti alimenta el río La Paz y de éste desemboca al río Beni.
Señaló que al parecer el gobierno y el “Ministro son cómplices de esta desforestación” y la explotación irracional de los yacimientos que según sus estimaciones alcanzan a 100 kilos de oro/día, y 36.500 kilos/año que no pagan impuestos ni regalías en las mismas narices del Ministro.
Recordó que en noviembre del año pasado presentó vía presidencia de la Cámara de Senadores, una petición de informe escrito dirigido al ministro Cesar Navarro, quien pese a ser conminado en diciembre, no respondió a un cuestionario que básicamente busca conocer la lista de las empresas, representantes legales, cooperativas y si éstas cumplen normativas ambientales para operar en la zona.
El ministro Navarro aclaró que hay un control relativo del Estado, consecuencia del enfrentamiento que se produjo hace tiempo y que derivó en una división entre indígenas y cooperativistas que fueron autorizados legalmente a operar.
Sin embargo Núñez cree que se está ocultando información al pueblo boliviano desde 2012 y no se quiere reconocer que hay cinco cooperativistas que utilizan 200 volquetas y más de 40 palas en la explotación de oro, en la provincia Inquisivi de La Paz.
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