Transporte pesado
Economía
La Sunat de Perú argumentó que los choferes bolivianos no cumplieron con entregar la tarja (documento que identifica la carga) en los recintos aduaneros.
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“Si bien la aduana chilena ya está atendiendo, lo está haciendo de forma lenta, hay aún cualquier cantidad de unidades de transporte parados”, dijo el presidente de la Cámara del Transporte Pesado de El Alto, Gustavo Rivadeneira.
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“Si antes se podía hacer tres viajes al puerto de Matarani (Perú), hoy se puede hacer sólo uno y lo mismo pasa en el puerto de Arica (Chile), antes se podía hacer hasta cinco viajes y hoy sólo dos en el mejor de los casos”, explicó la representante del sector.
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Entre el sector exportador, importador y transporte boliviano perdieron alrededor de 36 millones de dólares en los 25 días de paro portuario en Iquique, dijo Gustavo Rivadeneira, presidente de la Cámara del Transporte Pesado de El Alto.
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Los trabajadores de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas (Anfach) de Chile decidieron poner fin a la movilización que dejó millonaria pérdida para el transporte pesado boliviano. El gobierno chileno decidió contratar a 150 trabajadores más para la Aduana.
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Ante la movilización, el cónsul General del vecino ese país, Milenko Skoknic, recibió a una comitiva de dirigentes quienes le manifestaron sus molestias y las pérdidas económicas para el sector.
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Transporte pesado pedirá resarcimiento económico a Chile a través de las autoridades nacionales a quienes les enviaron una carta. Además vuelven a pedir a la Cancillería boliviana que inicie las gestiones inmediatas para que la administración de los puertos chilenos, en este caso el de Arica, sea administrado por bolivianos.
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Existen 89 vehículos del transporte pesado parados en el sector de la Apacheta y cada uno tiene un costo operativo de 200 dólares por día, lo que suma un perjuicio de más de 35 mil dólares en dos días.
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Representantes de la Coordinadora de Transporte Pesado, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el senador Omar Aguilar Condo llegaron hoy a un acuerdo sobre el cuestionado Decreto Supremo 2295 de nacionalización en frontera.
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“Damos un respaldo total a la medida de nacionalización en frontera, creemos que es una medida para frenar el contrabando, es una medida que habíamos pedido hace mucho tiempo”, dijo Marco Salinas, vicepresidente de la CEPB.