Minería

APLAZADOS EN MINERIA

Mario Mamani Morales

Bolivia, un país tradicionalmente minero; hoy su mayor debilidad como Estado. El último conflicto con los mineros desveló que no tenemos juristas entendidos en la materia ni las Universidades forman técnicos en el ramo: sencillamente nos aplazamos.

A esa conclusión llegó el presidente Evo en ocasión de la posesión del nuevo Ministro, a quien se encomendó aceptar los retos que significa la minería del Siglo XXI.

La historia de las últimas décadas nos permite diferenciar  dos realidades: la minería estatal y la cooperativizada. Desde la nacionalización de las minas en los años 50 del pasado Siglo, el rubro descolló con la Corporación Minera de Bolivia, COMIBOL. Tenía trabajando en los socavones no menos de 20 mil obreros, eran verdaderas empresas que además tenían profesionales, técnicos cuya responsabilidad era dirigir la mina con criterio y productividad. Esto duró hasta el famoso decreto 21060 de 1985.

En ese tiempo, las Universidades eran famosas por sus carreras de ingeniería de minas, geología y otras afines a la explotación del subsuelo, sus egresados tenía trabajo seguro; en las facultades de Derecho era una materia que se tomaba con seriedad, precisamente la minera; luego de la relocalización también estas carreras se vinieron abajo, hoy casi nadie escoge esa área porque las posibilidades de trabajo son mínimas.

El neoliberalismo dejó un ejército de desocupados de las minas, pronto se adscribieron al sistema cooperativizado, no pocos de sus dirigentes ahora son los defensores de las Cooperativas Mineras y, según las estadísticas, suman más de 30 mil obreros bajo ese sistema.

La verdad es que los verdaderos socios cooperativistas no pasan de cinco mil o menos, el resto son peones, sino todos tendrían autos de lujo, casas, empresas privadas, inversiones en diferentes rubros. Sencillamente aquí se presenta la explotación del hombre por el hombre. Los socios son los adjudicatarios de parajes o concesiones, son los dirigentes, cabecillas; pero los miles son peones, jornaleros. Campesinos que por temporadas encuentran ocupación en la mina, ni entienden lo que es la Cooperativa.

Los mineros de la Comibol, en tiempos de las dictaduras luchaban junto al pueblo por mejores condiciones de vida, no sólo para ellos, sino para todo el pueblo; pregonaban la mejor distribución de la riqueza en el país para acortar la distancia entre pobres y ricos; en las cooperativas la riqueza se lleva el socio, el dueño de la cooperativa, esa es la diferencia.

La mina en tiempos de la Comibol era bien atendida: sistema de refrigeración, ventilación, seguridad ante todo, emergencia para salud, drenaje, sistema de medición de avance, cambios permanentes y sistemáticos de los callapos, prospección y orientación geológica, allí se requería técnicos, ingenieros y otros profesionales.

En las últimas décadas, desde la relocalización, hemos vuelto a la entrega de nuestras riquezas mineras al mejor postor; se hace noticia de que se hacen millones por concepto de regalías; pero no se sabe dónde se invierte, qué se hace o dónde están. Sería bueno que cada “cooperativa” desvele cuánto aporta al país por cada tonelada que explota y cómo se distribuyen los dividendos al interior, entre cuántos y a cómo.

En la Comibol se trabajaba en interior mina, ahora se hace a rajo abierto, así desaparecen cerros enteros, paragógicamente en el Cerro Rico de Potosí se procede a rellenar con cemento, en otros lugares a nadie le interesa conservar la naturaleza y el entorno.

De manera peligrosa el Estado ha dejado crecer un ejército de peones de las cooperativas, que con dinamita en mano y sin priorizar el raciocinio, a tal punto que sus patrones reclaman para sí haber puesto en el poder al gobierno actual y que también puede bajarlo. Es decir, sólo ellos suman el 64% de los votos en este país.

La historia de la minería nos ha dejado un tendal de miseria, silicosis, pueblos fantasma, acumulación de riqueza en pocas manos, hombres que escupen sangre para que otros vivan mejor, añadido a la naturaleza destrozada, irrecuperable, devastada; entonces en estos tiempos bien haría el nuevo ministro de minería proponer que la riqueza de esta patria es de todos, por lo tanto la nueva ley tendría que ir en consulta a todos los sectores de los bolivianos.

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PROYECTO DE LEY MINERA Y DESARROLLO LOCAL

Oscar Korimayo

La propuesta de ley minera tiene, dentro de sus muchas debilidades, una particularmente llamativa: la consulta previa a las comunidades la convoca y la realiza la Autoridad jurisdiccional minera, en nombre del Estado. ¿Por qué esto llama la atención?

En los últimos años se ha dado un fenómeno antes impensado, el avasallamiento de operaciones mineras. Tanto ha sido el daño y el problema suscitado que el gobierno ha debido emitir una ley que sancione estas acciones con penas relativamente severas. Las causas para que se den los avasallamientos son varias; al margen del instinto nacional, fuertemente arraigado de hacer la justicia con nuestras propias manos, la dificultad del Estado de copar su propio territorio, la percepción de que la actividad minera no deja frutos al lugar donde se realiza la operación, la falta de exploración de extensas áreas del territorio, la necesidad de subirse al tren del desarrollo, la percepción de que es ahora o nunca que hay que aprovechar los altos precios de los metales y otros factores menos nobles como ambición desmedida, envidia, o simplemente deseos de ganar mucho y pronto.

¿Podría evitarse el avasallamiento? Corrigiendo algunos de los factores se podría evitar una buena parte de estas invasiones; pero no todas. Si se lograra extender la presencia del Estado a aquellos lugares donde hay buenos yacimientos y se pudiera conseguir que los excedentes generados por la operación minera sienten las bases del desarrollo local, se habría avanzado muchísimo. Así, al menos, las comunidades no colaborarían con los avasalladores.

Hacer que el Estado cope su territorio y que se usen bien los excedentes mineros supone, por lo menos, los siguientes aspectos: financiamiento para solventar la presencia del Estado en los lugares en que existen yacimientos mineros, planificar el desarrollo local de manera conjunta, controlar socialmente las operaciones mineras y otros de detalle que están en función de las características de las regiones.

Las regalías e impuestos mineros pueden solventar el costo de todo lo mencionado; pero, al margen del costo, está, como factor determinante, la planificación del desarrollo porque la consulta que se lleve a cabo a las comunidades debe estar enmarcada en esa planificación, de otra manera, el efecto que se consiga no logrará sentar las bases para construir la visión de largo plazo.

Si bien es el Estado el que decide si se hace o no una explotación minera en un determinado territorio, todos los otros aspectos logísticos operativos están sujetos a consulta con los dueños de ese territorio, además de las formas de control y seguimiento.

Si lo que se pretende es que la explotación de los recursos naturales no renovables siente las bases del desarrollo local, es fundamental conocer lo que se espera con ese desarrollo y la estrategia para lograrlo, así no habrá despilfarro de los excedentes que se produzcan en la operación minera.

Por esta razón, no se puede dejar en manos de la autoridad jurisdiccional minera la responsabilidad de la consulta. Ésta debe ser manejada por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, por ser la instancia que tiene potestades multisectoriales y multiniveles de gestión nacional. Ningún otro ministerio o instancia ejecutiva tiene el alcance de este ministerio.
En la consulta se debe hablar de desarrollo, de satisfacción de necesidades básicas, es decir, de educación, salud, comunicación, producción, etc., etc. ¿La Autoridad jurisdiccional podrá manejar esto? Cuando se hable de creación de sistemas de riego, ¿podrá obligar al minero o al municipio o a la Gobernación a construirlos?

Es claro que la instancia minera no tiene las facultades ni la potestad ni la preparación para llevar a cabo esta consulta. Lo mismo puede decirse del proyecto de ley. ¿Podía el sector autoregularse? Las principales deficiencias que se encuentran en el proyecto de ley tienen que ver con la ausencia del ejecutivo en la elaboración del mismo; específicamente, con la ausencia del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Quizás la mayor debilidad de gestión de este gobierno sea la falta de un Ministerio de Planificación. En el caso de la normativa minera, es evidente que falta la visión de desarrollo integradora que haga de esa ley parte integral del proceso de cambio. No se puede pedir al sector que maneje una perspectiva integral de desarrollo, que hable de salud, educación, enfoque de género, prevención de riesgos, enfoque intercultural, etc. porque su vocación es otra.
Por esto, el proyecto de ley que el presidente Morales entregó a la Asamblea legislativa debe ser retrabajado y repensado desde una perspectiva no extractivista, sino de un enfoque global de desarrollo y de compartir beneficios y de achicar brechas entre sectores de la población boliviana.

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