“SI NO HABLAN INGLES, EN VANO..."

Hace unas semanas, en la entrega del Bono a la Excelencia a los mejores bachilleres, el presidente Evo Morales, a tiempo de felicitar a los estudiantes beneficiados, les dijo que “algunos son mejores profesionales, pero si no hablan inglés, en vano”. “No solamente es ser mejor profesional, es importante también el inglés”, añadió. Seguramente la mayor parte de la población esta vez coincidirá con nuestro mandatario, pues él refleja, de manera fiel, las actitudes lingüísticas predominantes, cuyas fuentes son sobre todo coloniales.

El inglés indiscutiblemente es una lengua internacional (excluyo el término universal por inadecuado), es decir que es la lengua con más hablantes en el mundo, no solo como lengua materna, sino como segunda o lengua extranjera. Es la lengua del desarrollo científico; se dice que un 80% de las investigaciones científicas se divulga en esta lengua, incluso en países en los que no es la lengua oficial. En consecuencia, es la lengua que vehicula la mayor parte de información a la que podemos acceder en Internet, y, por lo tanto, la lengua común más utilizada en la formación académica.

Esta situación que tiene su origen en la nueva reconfiguración del orden mundial, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ha estado acompañada de una fuerte propaganda mediática que ha calado en las representaciones mentales y, por ende, en las valoraciones que los hablantes realizan de la lengua: “Es la lengua del futuro”, “Abre puertas”, “Todo profesional debe saber inglés”, “El inglés te da un lugar en el mundo”. Por ello, no es de extrañar que nuestro Presidente, al fin y al cabo un mortal más, reproduzca estas representaciones.

Entonces, ¿es una lengua importante en la formación profesional? Sin lugar a dudas. Sin embargo, ¿cuántos profesionales bolivianos trabajan en empresas internacionales en las que exigen esta lengua? ¿Cuántos son los que realizan cursos de posgrado en el exterior, para los que el requisito es el inglés? ¿Cuántas empresas o instituciones requieren del uso constante del inglés en nuestro territorio? ¿Cuántos son los funcionarios que deberán atender a angloparlantes en sus oficinas?

No contamos con esos datos, no obstante, según el Censo del 2012 (lo tomo como referencia, pese a su poca credibilidad), 63 937, el 0,66% de la población afirma que habla inglés. Por otro lado, 65 751 personas afirman tener una maestría y solo 12 698, formación de doctorado, lo que revela que aún no es una prioridad la formación posgradual en nuestros profesionales. Muchos pueden convenir en que ese limitado acceso se debe a la baja formación general y a que justamente no se cumple con el requisito de la lengua extranjera, sin embargo, seguramente la mayor parte de profesionales realizó sus estudios en Bolivia, donde la oferta se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años, o en países castellanohablantes, porque, además, el castellano se está consolidando como la segunda lengua internacional en el mundo.

Más allá de las decisiones personales, oportunidades y condiciones de estudio en el exterior, es innegable la importancia del inglés a nivel mundial. No obstante, está el hecho incontrovertible de que no hay una ley que obligue a utilizar una lengua extranjera en las instituciones de nuestro país, porque no se ha generado la necesidad, pero sí hay una serie de normas que obligan a los funcionarios públicos a utilizar una lengua indígena, y ello no deriva de un capricho partidario coyuntural, sino de una realidad que ha sido negada por décadas: alrededor del 30% de la población aún utiliza una lengua indígena, y cerca del 20% solo se comunica en esa lengua (datos aproximados).

Al respecto, desde el proyecto de oficialización de las lenguas indígenas en la Asamblea Constituyente, pasando por su aprobación en la CPE el año 2009, y, luego en la Ley 269 de derechos y políticas lingüísticas, el debate sobre la obligatoriedad de las lenguas indígenas en las instituciones públicas, la educación y los medios de comunicación no ha cesado. Los argumentos principales en contra de esa obligación apuntan a que son lenguas del pasado, no sirven para enfrentar el mundo globalizado, por lo que aprenderlas es una pérdida de tiempo; por otro lado, suele repetirse que son lenguas del área rural, por lo que tienen poca utilidad en las ciudades. Los prejuicios y el racismo, que son problemas deficientemente enfrentados por las autoridades gubernamentales, explican estas posturas.

Veamos el primer argumento. Aprender una lengua indígena es una pérdida de tiempo, pues el mundo globalizado se maneja en inglés. Desde esa lógica, la diversidad lingüística propia del mundo es un problema, es decir que las alrededor de 6 500 lenguas no tendrían razón de ser, y el mundo podría arreglárselas con una veintena de lenguas, y, por supuesto, el inglés como única lengua internacional. Felizmente no todo el mundo razona así (aunque sí gran parte de los políticos que llegan al poder); las lenguas no solo son vehículos de comunicación, sino expresan el sentir, la cultura, la forma de interpretar el mundo. Esta es una de las premisas que sustentan la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos aprobada en 1996.

En ese sentido, la oficialización de las lenguas en Bolivia, en la Constitución del 2009, lo único que hizo fue reconocer y respetar el derecho de miles de hablantes a utilizar sus lenguas, que había sido conculcado por siglos, pues los obligaron a comunicarse, aprender, sentir y pensar en una lengua ajena, con las limitaciones que ello supuso en su inclusión social.

El multilingüismo es una política cada vez más extendida en el mundo, por lo que aprender inglés no riñe con aprender una lengua indígena. Eso es lo que plantea nuestra actual ley educativa; el problema es que no existen los recursos humanos capaces de definir el camino para implementarla.

Veamos el otro argumento. Las lenguas indígenas pertenecen al área rural, por lo que no tienen utilidad en las ciudades. Este argumento intenta liberar a los funcionarios públicos de su obligación constitucional de aprender una lengua, sin embargo, la realidad es otra. Según el Censo del 2012, el 67% de la población reside en áreas urbanas; parte de esa población es indígena. Además, las instituciones públicas y mejores servicios de salud y educación se encuentran en las ciudades, por lo que, aunque sea temporalmente, los indígenas y campesinos que aún residen en áreas rurales están obligados a trasladarse a ellas.

En un trabajo de la materia de Bilingüismo y Plurilingüismo de la Carrera de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas, a fines del 2016, los estudiantes realizaron un trabajo de observación en distintos ámbitos (comercio, salud, educación, entre otros) de la sociedad cochabambina (Cercado), para identificar la necesidad del uso de la lengua quechua y el cumplimiento de la ley. Si bien no se trató de un trabajo de investigación riguroso, sí utilizaron herramientas de investigación, que permitieron tener un panorama general de esta realidad, para arribar a algunas conclusiones.

Primera, los pocos funcionarios que hablan quechua en las distintas instituciones son quechuahablantes de origen, es decir que no aprendieron la lengua con los programas de formación que organizó el Viceministerio de Descolonización. Hasta julio del 2016, de acuerdo con el propio viceministro Cárdenas, solo el 5% de funcionarios públicos obtuvo su certificado de conocimiento de lengua en el país, que, sin embargo, es tan básico que no alcanza para sostener un diálogo, a decir de los propios funcionarios.

Segunda, las instituciones en las que se identificó un mayor porcentaje de quechuahablantes son los centros de salud, porcentaje que recae en las enfermeras, no en los médicos. Algo que llamó la atención de los estudiantes fue que algunas enfermeras, pese a hablar quechua, persistían en responder en castellano. En otros casos, como en otras instituciones, los policías que brindan servicio de seguridad son los que fungen de intérpretes, pero, por no estar especializados en los asuntos de consulta, la interpretación suele ser insuficiente.

El ámbito educativo lo dejo de lado, pues ya me referí a él en otros artículos; solo reitero que la educación plurilingüe es un fracaso.

Comercio, banca, instituciones públicas de servicios, todas tienen afluencia de quechuahablantes, que generalmente son personas mayores de 50 años; al ser conscientes de sus limitaciones con el castellano, muchas veces acuden con un pariente castellanohablante. Son contadas las instituciones que tienen a un quechuahablante en la atención al público.

La falta de empatía y el desconocimiento de los problemas que conlleva la barrera lingüística no permiten avanzar en este asunto. Por ello, considero necesario ilustrar esos problemas, con los ámbitos más sensibles: salud y justicia.

Una tía me contó que, cuando fue al hospital Viedma, dos mujeres quechuahablantes salieron de consulta con una prescripción médica en la mano, y, mientras se despedían, la enfermera les explicaba en castellano lo que debían hacer con los medicamentos. Su mirada lo decía todo, no entendieron nada de la explicación. Se quedaron paralizadas, hasta que una le preguntó a la otra, en quechua, cómo harían. Mi tía, que había escuchado todo, se acercó y les repitió todo en quechua, paso a paso. ¿Qué hubiera sucedido si no accedían a esa posibilidad de interpretación?  ¿Qué les sucede a los hablantes de lenguas indígenas que se encuentran en situaciones similares?

Según distintas investigaciones, una de las razones que desincentivan la asistencia a centros de salud de personas no castellanohablantes es justamente la barrera lingüística, a la que se suma el trato discriminatorio y poco tolerante de ciertos servidores. En este caso, estamos hablando de un derecho humano: el acceso a la salud pública que permite salvar sus vidas.

En la justicia, la barrera lingüística se traduce en abusos, estafas o, en el peor de los casos, pérdida de libertad por falta de una defensa adecuada. Un caso reciente y emblemático es el de nuestra compatriota Reina Maraz, acusada de homicidio en la Argentina, que pasó un año con detención preventiva sin saber de qué se la acusaba solo por no hablar castellano; felizmente, se corrigió esta injusticia con la revisión del caso en la que participó un intérprete. ¿Tendremos casos similares en nuestro territorio? Temo que sí. Un notario de fe pública me comentó que se le presentaban decenas de casos de hijos u otros parientes que llevaban a adultos mayores quechuahablantes para hacerles firmar documentos y así quedarse con sus bienes o rentas.

Los ejemplos pueden sumar, y, aunque sean pocos casos (y no son), la población que habla una lengua indígena tiene el derecho de ser atendida en su lengua, para acceder a una información veraz y oportuna, dado que, de acuerdo con el artículo primero de nuestra Constitución Política del Estado, somos un Estado plurinacional, condición que obliga al Estado a organizarse de acuerdo con las distintas naciones y a brindar todos los servicios en las 36 lenguas oficiales.

Volviendo al discurso del Presidente, llama poderosamente la atención que enfatice tanto en el valor del inglés, pero nunca dedique un momento a concienciar sobre la importancia de la cultura y de las lenguas indígenas. Es una señal clara del abandono del proyecto plurinacional y de su adhesión al neoliberal, que en los hechos no se fue con Gonzalo Sánchez de Lozada, sino que se ha reciclado en las distintas políticas del MAS, pese al ropaje indígena que ya no alcanza para ocultarlo.