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La violenta represión a la octava marcha indígena del Territorio Indígena del Parque Nacional IsiboroSécure (TIPNIS) en Chaparina (Beni), el 25 de septiembre del 2011, ordenada por el gobierno de Evo Morales, ha constituido la mayor derrota política para el gobierno. En aquél entonces, la defensa del TIPNIS había unificado a una gran mayoría del país, en contra de los deseos del gobierno, por destruir ese parque indígena, abriendo una carretera por medio de su territorio. Herido en su ego, Morales ordenó la realización de una “consulta” a los pueblos del TIPNIS, a fin de que decidieran sobre el destino de la carretera. Para ello, claro, el gobierno desplegó todos sus esfuerzos por corromper a las autoridades y comunidades indígenas del TIPNIS por medio de prebendas. No contentos con ello, el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) inventó supuestas representaciones “genuinas” de dirigentes indígenas, creó comunidades de sembradores de coca ilegal (i. e. impulsores del narcotráfico) expandidas desde el Chapare y por último optó por llevar adelante su consulta “indígena”, aún en contra de la voluntad de los propios indígenas del TIPNIS.
El atropello fue tan escandaloso que no cuidó ni siquiera un mínimo de apego a la propia Constitución Política del Estado (CPE) y menos, claro, al respecto a los derechos de los pueblos indígenas, en casos de consulta. La propia comunidad internacional, pasivos observadores de la arremetida anti-indígena por parte de Evo Morales y el MAS, aunque de manera muy tardía, reconoció que aquella consulta había vulnerado los derechos indígenas. Tanto los levantamanos del MAS en el parlamento, como los sembradores de coca ilegal destinada al narcotráfico del Chapare -cuyo principal dirigente sindical es el mismo Evo Morales- decidieron entonces simplemente no hablar más del tema.
Como se sabe, aquella enorme coincidencia nacional en defensa del TIPNIS no se ha reflejado en los resultados electorales, para la gobernación del Beni. Tampoco se refleja en un apoyo en el presente periodo pre-electoral, al candidato presidencial, el señor Vargas, del Partido Verde. Vargas era el principal dirigente indígena del TIPNIS el año 2011 y tuvo que soportar durante los siguientes añosuna dura persecución política y judicial, ordenadas desde el Palacio de gobierno. El que su partido observe con preocupación que el poco respaldo electoral puede llevarles, incluso, a su no reconocimiento legal, habla de un hecho importa, referido a la no conversión, en voluntad electoral, de aquél gran respaldo que recibiera la defensa del TIPNIS. Es un tema importa, por cierto, que por ahora pero no lo abordaremos. Al contrario, conviene insistir en algunos elementos de la derrota política del MAS, luego de la represión indígena en Chaparina.
En primer lugar, está hoy por hoy claro que la cadena de mando, para ordenar la feroz arremetida policial a la marcha indígena, no se había roto, como en forma mentirosa declarara Evo Morales a la prensa internacional. El responsable de aquella orden no es otro que Evo Morales y ello puede colegirse de algunas declaraciones de las propias autoridades de gobierno. El actual ministro de Minería, César Navarro, dijo en aquél entonces que la decisión de intervenir la marcha indígena se había tomado como gobierno y por su parte, el propio vice-Presidente, AlvoGarcia Linera, insinúo saber quién había dado la orden para la intervención. En medio de este embrollo para los masistas se encuentra el ministro de Gobierno durante la intervención a los indígenas, Sacha Llorenti. Como delincuentes que escapan bajo de la protección de las sombras de la noche, el gobierno decidió retirar rápidamente a Llorenti de la titularidad del ministerio y mandarlo a un refugio lejano; nada más y nada menos a Nueva York, como embajador boliviano ante las Naciones Unidas.
¿Que qué hizo el sistema judicial boliviano, ante la grotesca vulneración a todos los derechos de los indígena del TIPNIS? Pues nada o mejor, hizo todo lo posible, hasta el presente, para salvaguardar la imagen de sus patrones, es decir de Evo Morales y de su gobierno. El binomio Poder Judicial y Ministerio Público, para ese propósito, actuó al unísono y en concordancia. En lo principal, pese a todas las declaraciones que implican a Llorenti en la represión, los jueces siguen manteniendo la exclusión de este oscuro personajillo del MAS.
Una de las principales razones internas que explican la tozudez del gobierno por construir la carretera por medio del TIPNIS fue la presión de los sembradores de coca ilegal del Chapare, es decir de la base social y electoral de los actuales candidatos del MAS. La ampliación de la frontera de los sembradíos de coca ilegal hasta invadir todo el territorio indígena, significa en buenas cuentas la ampliación del narcotráfico. Si nos atenemos a la estimación de Filemón Escobar (candidato a diputado por la Circunscripción electoral 27, en Cochabamba), ingresarían diariamente un millón de dólares a Cochabamba, por concepto de narcotráfico. Así, el Chapare, principal centro de esta ilícita actividad, bien podría ser considerado un gigantesco laboratorio de droga. En tal sentido se entiende las razones por las que, en palabras de Escobar, los cocaleros del Chapare se habrían convertido en la “nueva oligarquía del país”.
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