MÉXICO Y LA CRISIS ESTATAL

La desaparición de 43 estudiantes normalistas, en el estado de Iguala, en México, refleja un alto grado de crisis que vive el Estado de ese país. Puede decirse que esa desaparición ha puesto al descubierto la responsabilidad estatal en el hecho, así como el agotamiento de un modelo político incubado desde los primeros años del triunfo de la revolución mexicana. Desde la distancia, a nosotros nos interesa pensar en torno a la crisis estatal y eventualmente, intentar alguna comparación con nuestro país.

Comparando dos crisis estatales -la boliviana del 2003 y la mexicana hoy- puede extraerse las diferencias pero también las similitudes. El dato más llamativo, es el surgimiento o disparador (valga la metáfora) para la revelación de la crisis de Estado. En el caso boliviano del 2003, es claro que el asiento para tal hecho fue la sociedad civil, es decir, el ámbito de la externalidad del Estado. En el caso de México, el asiento de la crisis es, sorprendentemente, el propio ámbito estatal. Esta es una diferencia que nos puede remitir a las especificidades de las historias de los Estados; pero también nos puede permitir pensar el surgimiento de la crisis estatal, en marcos distintos, como son los ámbitos de la sociedad civil y el de la sociedad política.

Desde ya, no puede ignorarse la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición de los 43 normalistas. Esta responsabilidad se encuentra en el nivel municipal, en el nivel intermedio (el estado de Iguala) y en el nivel nacional, por medio de la acción (y en algunos casos de inacción cómplice) de funcionarios estatales, encargados de la seguridad interna de su población. A ello se suma la actuación de la Procuraduría General, que se ha caracterizado por  la administración de los resultados de las investigaciones, en función de la conveniencia política del gobierno de turno.

En entrecruzamiento de intereses, entre el crimen organizado y los distintos niveles estatales en México, explica la responsabilidad del Estado en la desaparición de los estudiantes normalistas. Dicho de otra manera; el crimen organizado ha penetrado el ámbito estatal en los diversos niveles, gracias a la lógica pre-existente de un manejo autoritario, corrupto y prebendal, por parte de los diferentes gobiernos en ese país.

La corrupción en el manejo de la administración estatal, pues, es el elemento funcional a las perspectivas del crimen organizado. Una práctica que adquirió dimensiones muy grandes en este caso, debido a la conformación de una clase burocrática general, encargada de la administración pública. La corrupción en realidad ha germinado con el propio cercenamiento de la democracia. El monopartidismo en ese país, con algo más de ocho décadas en el gobierno, ha permitido el surgimiento de todas las condiciones que la lógica de la corrupción requiere, así como la consolidación de una visión del manejo de los asuntos del Estado, como si en realidad fueran asuntos privados.

Así, a la vez, se ha desinstitucionalizado primero la democracia y luego, los diferentes niveles del Estado; el estallido de la crisis actual no es sino, en gran medida consecuencia de este devenir. En tal sentido, por otra parte, también se han reducido ya no digamos los contrapesos institucionales de la democracia, sino simplemente las condiciones de transparencia e información que se espera en la vida de una sociedad democrática. Lo que era llamado democracia (basado en el tonto ritual de la votación de la ciudadanía, cada tanto tiempo), no fue sino la renovación permanente de liderazgos, al interior de un mismo partido, respetando la formalidad mínima. Paralelamente, sin embargo, se fue perdiendo a lo largo de los años, la condición democrática básica, como es la del establecimiento de mediaciones entre Estado y sociedad. Con ello, la distancia entre ambas se incrementó a niveles llamativos, entre otras razones, por el hecho de que la sociedad mexicana no fue capaz de dotarse de otros mecanismos de expresión democrática.

Si el modelo político mexicano se ha agotado, fue porque el respeto a la formalidad, como si éste sólo fuera un barniz, ha debilitado los lazos entre sociedad y Estado, debilitando a su vez a este último, ante la presencia cada vez más creciente del crimen organizado. Se dice, desde cierta teoría política, que la democracia es en lo principal un procedimiento formal y que, sin importar ni el contenido ni la forma del ejercicio democrático, lo que importa es el cuidado de la formalidad democrático. Sin embargo, el caso mexicano nos muestra las consecuencias del camino que únicamente privilegia la formalidad democrática. Ningún procedimiento democrático tiene sentido, si su formalidad no sirve para motivar la participación ciudadana, en los temas de importancia nacional. Sea cual fueran los procedimientos democráticos y los contenidos programáticos que por medio de esos procedimientos se deslizan, lo mínimo necesario como para hablar de democracia es que la sociedad se encuentre informada, a fin de que su participación sea activa. Nada de eso ocurre en un modelo político grandemente monopartidista a lo largo de su historia, corrupto en el manejo de la cosa pública y con  mediaciones estatales democráticas atrofiadas.

La Bolivia de hoy no está muy lejos de las condiciones que posibilitaron que en México germine este cuadro. El gobierno de Evo Morales ha hecho todo lo posible por desinstitucionalizar al país, por medio de la sujeción y el sometimiento político de las principales instituciones del país. Amén de las múltiples denuncias de corrupción y de atropello a los derechos democráticos que llueven sobre los miembros de este gobierno. Los grados de corrupción son tan altos que incluso, en las elecciones anteriores, varios candidatos a parlamentarios del MAS han sido denunciados por sus propios electores, como corruptos, pero ni a los dirigentes masistas y menos a instituciones como el órgano electoral o el Poder Judicial, les ha importado tales denuncias documentadas.