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Bolivia, desde el 22 de Enero de 2006, está en un escenario de extensa participación social que debería exigir, a gobernantes y gobernados, a asumir acuerdos y a aceptar responsabilidades compartidas para avanzar y desarrollar capacidades.
Participación social no es otra cosa que una cultura de corresponsabilidad y un compromiso claro con la justicia social. Cultura que aproveche las experiencias de los años recientes, fortalezca la capacidad de respuesta de las instituciones e incentive el potencial de grupos y personas. Cultura que identifique las causas estructurales de la desigualdad y actúe sobre ellas. Compromiso de asumir que, sin crecimiento económico, generación de empleos y una mejor distribución del ingreso, no hay un verdadero progreso.
Cultura, en fin, que tome en cuenta a los ciudadanos y los motive a participar en el control y vigilancia de las obras y acciones del gobierno. Compromiso de las autoridades de convocar a todos, sin exclusiones raciales ni preferencias políticas, para que se sumen a la concertación y el consenso para desplegar y progresar.
En el país lo que menos se hace es fomentar una política que sea ejercida con ética, que entienda la fraternidad no como dádiva, sino como una expresión de apoyo que la gente espera porque la merece, que procure derribar las invenciones del gobierno y las barreras mentales, que aún impiden la plena integración.
La democracia es pluralidad, coexistencia, espacio compartido, pero es también la efectiva participación de todos en la edificación de la casa común, que es la comunidad.
Sin embargo, durante la actual administración estatal no hemos tenido la fortuna de convivir y ser gobernados en total armonía con distintas expresiones políticas, porque todos, sin excepción, han trabajado sin miras comunes y distanciando la coincidencia.
Entiendo que la unidad engendra fuerza, pero a su vez nace de la tolerancia, de la flexibilidad para convivir con quienes piensan distinto. Conocemos las ventajas de ver en las diferencias una oportunidad para colaborar, más no para enfrentarnos.
La búsqueda de consenso implica actuar con sensibilidad política, que el actual gobierno no tiene; buscar puntos de acuerdo y capitalizar lo que nos une, sin olvidar nuestras diferencias ni tampoco renunciar a nuestras convicciones.
La unidad no es patrimonio del gobierno ni del MAS, es patrimonio de todos, más allá de cualquier interés o rivalidad política. No hay nada más valioso que la unidad y la fraternidad de un pueblo.
La militancia política distinta no justifica una confrontación sistemática, incesante y estéril como la que lleva adelante el Presidente y su gobierno, cuando se tiene enormes retos ante la sociedad. Se debe ir más allá de simples dogmatismos ideológicos, más allá de radicalismos caducos que se apasionan en politizar todo; más allá de quienes no pueden concebir la política sin conflicto o enfrentamiento.
No permitamos que la coyuntura política nos atrape en la discusión eterna que posterga la solución de los problemas. Todos debemos privilegiar el interés ciudadano y la solución de sus demandas y más allá de los pactos políticos de ocasión, todos debemos reconocer en la legalidad el mejor espacio y norma para encontrar convergencias y resolver diferencias.
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