Fencomin presiona a ALP para que apruebe Ley de Minería sin cambios

Los dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) con una vigilia y estado de emergencia del sector presionan a los diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que no cambien ni una coma del proyecto de la Ley de Minería y Metalurgia, que fue presumiblemente “consensuado” por diferentes sectores; sin embargo, en Potosí crece el pedido de socialización y modificación de algunos artículos.

“Estamos en una gran vigilia entre todos los dirigentes, de igual manera las federaciones departamentales y regionales. A la cabeza de Fencomin nos hemos declarado en estado de emergencia y en cualquier rato las cooperativas mineras (vamos a estar) en las calles y los caminos. Pedimos que esta Ley Minera, trabajada por más de tres años, debe salir sin modificación”, advirtió Alejandro Santos, presidente de Fencomin.

En La Paz, sólo el diputado oficialista y representante de los campesinos de Chuquisaca, Eliseo Sesgo, respondió que los mineros cooperativistas deben entender que la ALP tiene tuición de hacer modificaciones y elaborar las leyes de acuerdo a la realidad nacional.

El senador del MAS, Eduardo Maldonado, los dirigentes de maestros jubilados, exautoridades originarias y pobladores de Norte Potosí demandaron a los legisladores y autoridades del Ejecutivo socializar y debatir el proyecto de Ley Minera, pero los presidentes de la Cámara de Diputados, Marcelo Elio; y de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, respondieron que no es necesario.

Es más, fue el mismo presidente Evo Morales quien instruyó a la ALP no hacer cambios. “Entiendo perfectamente cómo estaba consensuado, ése era nuestro  deseo, por supuesto no tiene que cambiarse nada, sino aprobarse lo que está  acordado y lo que han consensuado”, dijo el mandatario, la pasada semana.

Los mineros cooperativistas, aliados del partido oficialista en función de gobierno, son criticados por explotar los recursos mineralógicos del país “desproporcionadamente”, de contribuir con el impuesto más bajo y el sector que más contamina el medio ambiente en el departamento de Potosí y otras regiones del país.

La diputada Alejandra Prado denunció que los mineros cooperativistas “es uno de los sectores que menos impuestos pagan, es uno de los sectores que no se puede llegar con fiscalización, y es uno de los sectores ‘duros’ del MAS y obviamente responden a intereses económicos (del Gobierno)”.

Maldonado, en comunicación con radio Pío XII de Erbol, reiteró el pedido de socialización del proyecto normativo, aprobado en grande en la Cámara de Diputados, y demandó propiciar el debate público en las regiones mineras y dejar de tratar la norma en la ALP como un “secreto de Estado”, porque Potosí es la región minera.

El senador planteó la corrección en las regalías mineras porque el proyecto normativo “repite el viejo Código (de Minería) ‘gonista’ de 1997”, cuando los precios mejoraron bastante, denunció que la norma en aprobación arrebata inconstitucionalmente el cinco por ciento de las regalías a Potosí, además demandó que las gobernaciones participen en sociedad con empresas estatales en la explotación e industrialización minera, finalmente pidió que la sede de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) sea trasladada a la capital potosina, por ser la región productora de minerales.

“La Ley Minera no favorece para el desarrollo y progreso de nuestro departamento”, “hay algunos puntos que está quitando competencia a las gobernaciones, más que todo en el aspecto de regalías” y “es una ley totalmente lapidaria para el departamento de Potosí”, fueron las expresiones de algunas autoridades potosinas y comprendidos en el tema, según el reporte de radio Aclo de Erbol.

Walter Mamani Quispe, secretario de Minería de la Gobernación de Potosí, explicó que la transferencia directa del cinco por ciento de las regalías al Tesoro General de la Nación (TGN) y otro cinco por ciento al Servicio Geológico Minero (Sergeomin) provoca una pérdida del 10 por ciento de ingresos económicos  para su región.

“Es un engaño y un robo que le están haciendo al departamento (de Potosí). Lo peor y que más bronca da es que no hay autoridad municipal, departamental, asambleísta o concejal; y peor aún el Comité Cívico que diga que esta voz es mía”, agregó Hernán Mariscal, exdirigente cívico.