Proyecto Ley de Minería da más ventajas a cooperativistas

El director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Marco Gandarillas,  y el coordinador del Colectivo Casa, Emilio Madrid, dijeron a Erbol que el proyecto de Ley Minera que trabaja en “secreto” el gobierno y los operadores del sector, otorga más ventajas a los cooperativistas. Los beneficios van desde la asignación de áreas para explotación, transferencia de recursos y condonación de deudas, hasta la reducción de tasas impositivas.

Marco Gandarillas señaló que la futura Ley Minera en el artículo 42, inciso 5, establece que “las deudas que tienen hoy las cooperativas mineras con COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia) van a pasar al FOFIM (Fondo de Financiamiento para la Minería); es decir, van a ser nacionalizadas”.

Agregó que los activos que están ahora en manos de las cooperativas y que pertenecen a COMIBOL, y a todos los bolivianos, también van a pasar a manos de las cooperativas a “título gratuito”. “Estamos hablando de nuevos tipos de subvención a nivel de las superficies que operan”, apuntó.

Emilio Madrid argumentó que en términos generales, el proyecto de Ley se trata de “un proyecto que ha sido diseñado por ellos (los operadores mineros) para tener mayores beneficios”. De hecho, agregó, que en términos de impuestos y regalías “están bajando (sus aportes)”, y no sólo es eso, “se están aumentando más derechos en el tema de acceso a otros recursos como el agua”.

Pago de impuestos

Los impuestos que pagan los cooperativistas mineros son las patentes y el canon de arrendamiento que “es miserable (en términos de valor)”, subrayó Gandarillas. “Ese es un tipo de subvención que le ha dado el Estado a las cooperativas, junto con otros”, señaló.

El coordinador del colectivo Casa acotó que la alícuota del oro con la ley vigente es del 7 por ciento, y lo que están planteando los operadores es hacer una diferenciación según el tipo de mineral y yacimiento explotado. “Por ejemplo para el tipo de yacimiento y oro que trabajan las cooperativas lo están bajando al 2,5 por ciento”, indicó.

Los nuevos beneficios también apuntan al resto del sector. En el tema del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), dijo que se estableció una nueva tabla de valores sobre cuándo se debe pagar y cuando se da la acreditación del impuesto.

“Los mineros pagan las regalías y el impuesto a las utilidades -las empresas principalmente-, entonces se está estableciendo algo que ya había en el Código Minero de (Gonzalo) Sánchez de Lozada; hay determinadas coyunturas donde sólo pagas un impuesto. Puedes pagar la regalía y acreditar (no pagar) el impuesto a las utilidades en situaciones de precios bajos”, explicó.

Manifestó que en el tema de la plata (Ag), por ejemplo, se estableció que no pagarán el impuesto cuando la onza troy esté por debajo de 23 dólares. Lo mismo sucede con minerales como el oro para el cual fijaron un monto de 1.185 dólares la onza troy. “Si estuviera aprobada la Ley de Minería en este momento, los operadores, incluido la empresa San Cristóbal, dejarían de pagar el impuesto a las utilidades y sólo pagarían las regalías”, señaló.

Mayor dotación de áreas por más tiempo

Madrid explicó que ahora con la migración de concesiones a contratos en la nueva ley minera, las cooperativas se adjudicarán otro gran beneficio. 

“En el tema de las cooperativas, los contratos que se van a firmar en reemplazo de la figura de la concesión minera, para todos se está estableciendo un plazo de 30 años, en cambio para las cooperativas es de plazo indefinido”, apuntó.

El año pasado, en el contexto del conflicto de Colquiri –recordó Gandarillas-, el gobierno emitió el Decreto Supremo 1369, y “producto de ese decreto se consintió que se ampliaran las áreas de las cooperativas sobre las áreas de la COMIBOL”.

“Áreas que pertenecen teóricamente por Constitución a todos los bolivianos pasaron a manos privadas, fueron cientos de miles de hectáreas y no se dijo mucho de eso”, manifestó.

Mayor protección jurídica a la minería

La criminalización, como parte de las garantías jurídicas a los operadores mineros, es otro tema que se está incorporando en el proyecto de Ley Minera, señaló Emilio Madrid. Se refiere a la prohibición de cualquier acto que interrumpa la operación minería, dijo.

“Ya salió con la Ley de Avasallamiento, pero no sólo se refiere a eso, por ejemplo cuando hay comunidades que tienen una vocación productiva agropecuaria y no quieren que ingrese la minería ahí, ese movimiento estaría penalizado; incluso por solamente hacer un pronunciamiento público o impedir la actividad minera por defender los recursos naturales y el medio ambiente”, apuntó.

El director del CEDIB, bajo estas circunstancias, advirtió un escenario donde el Estado “está dispuesto a subvencionar la actividad minera en general y en particular la actividad minera privada”.

No olvidemos, agregó, que “está habiendo un ataque sistemático del Estado a la minería estatal”. “Se le está acusando de ser ineficiente y de tener costos que van por encima de los precios que se venden. Está debilitando lo poco que hay de la COMIBOL”, indicó.

“Lamentamos tanto secretismo respecto a esta norma cuando la Constitución dice que estos son recursos de todos los bolivianos”, reprochó Gandarillas.