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El ministro de Gobierno Carlos Romero descalificó este miércoles al abogado Oscar Peña - cuñado del peligroso reo fallecido Víctor Hugo Escóbar alias el Oti - por haber presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en Sucre, en su contra y el Gobernador de Santa Cruz Rubén Costas, por la presunta irregular transferencia de 36 hectáreas ubicadas detrás del penal de Palmasola, para la construcción de la nueva cárcel.
Dijo que ha preferido no responder al abogado Peña a quien considera “un delincuente y maleante. Ese es un delincuente” y aclaró que como Ministro se ha restringido a recibir en un acto público, organizado por la Gobernación de Santa Cruz, el título ejecutorial de Palmasola.
Explicó que la Gobernación ha trabajado intensivamente con sus abogados para sanear el derecho propietario porque tenía algunos avasallamiento y una vez saneado, han transferido para hacer inversiones.
“Nosotros no tenemos ninguna acción en los trámites de ese derecho propietario y segundo rechazo cualquier posibilidad que la gobernación haya cometido una irregularidad más hemos destacado la celeridad con que ha trabajado sus abogados”, declaró.
PEÑA LEVANTA VARIOS CARGOS
Sin embargo Peña formula cargos por legitimación e ganancias ilícitas, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencia, extorsión, recepción provenientes de delitos de corrupción, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
Explicó que Costas entregó terrenos ajenos al Ministerio de Gobierno para que se construya la nueva cárcel de Palmasola, en un predio cuyo propietario, para firmar la transferencia fue encarcelado por supuesta falsedad ideológica y luego extorsionado con un nuevo proceso por avasallamiento por el cual fue a la cárcel durante 11 meses y para recuperar su libertad, se sometió en un juicio abreviado.
Cita a Rubén Costas Aguilera, Luis Fernando Roca Landívar y Nelson Quintana Heredia como los gestores de una serie de falsificaciones para legalizar títulos que correspondían a Wilfredo Polanco y a su esposa Estefanía Carbajal, que habrían adquirido de otras personas hace varios años y fueron inscritos a su nombre en la oficina de Derechos Reales.
En su memorial menciona como autor de la extorsión al apoderado del Ministerio de Gobierno en Santa Cruz, Vicente Avalos Cortez, al funcionario , Jorge Chipana Estrada, Eduardo Barrios López y al ministro Carlos Gustavo Romero Bonifaz por supuestamente validar esas operaciones.
“Estoy contento porque se empieza una acción anticorrupción en la Fiscalía General del Estado. Se preguntarán por qué vengo desde Santa Cruz a presentarlo acá. Allá en Santa Cruz, todas las denuncias que hacíamos sobre el caso del playón del Parque Industrial, donde el Gobernador y el Viceministro Marcelo Elio nos tumban 203 viviendas y una Iglesia Evangélica, las autoridades nos iban torciendo la investigación y nos rechazaron”, dijo.
Señala que su defendido Wilfredo Polanco fue perseguido por el Gobernador y Vicente Avalos, hasta lograr una condena por falsedad que la cumplió, pero inmediatamente le abrieron otro juicio por avasallamiento, sin considerar que era el propietario legal.
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