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En la última sesión de sala plena, los vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinaron respaldar a los jueces en el cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en la Constitución y las leyes, mediante las que preservan derechos y garantías de las personas, las familias y las instituciones, informó la presidenta de la justicia paceña Carmen del Río Quisbert.
“Apoyamos a las juezas y a los jueces que desempeñan sus funciones con legalidad, objetividad jurídica, debido proceso y respeto pleno a los derechos y garantías constitucionales de todos los ciudadanos. Respaldamos a los jueces que cumplen su misión resolviendo conflictos y adoptando decisiones sobre bienes jurídicos, patrimonios y dignidades de la ciudadanía”, afirmó Quisbert.
“Otorgar todas las garantías que prevé la norma a los jueces que ejercen su función y adoptan decisiones jurisdiccionales enmarcadas en los principios de autonomía e independencia y haciendo prevalecer el control de legalidad que es la base de la seguridad jurídica del Estado y la esencia democrática”, es otra de las determinaciones emitidas por el pleno del Tribunal.
Dijo también que los vocales decidieron “hacer causa de las condiciones adversas –presiones sociales, masiva carga procesal, atención de casos en los que interviene el Estado; falta de dotación de materiales, infraestructura, mobiliario y personal adecuado– en las que los administradores de justicia de este Distrito cumplen sus responsabilidades legales”.
El Tribunal de Justicia de La Paz cuenta con cerca de 200 jueces en la capital, El Alto y las 20 provincias del Departamento que cuenta con 2.7 millones de habitantes.
Esa cantidad de jueces trabajan con el apoyo de unos 700 funcionarios y atienden cerca de 300.000 causas al año en las distintas materias. “Debido a que, en promedio, cada juez tiene bajo su responsabilidad 1.500 causas, la carga procesal excesiva se hace humanamente imposible de atender en los plazos establecidos”, dijo Quisbert.
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