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La oposición política tomó a broma la imposibilidad económica declarada por el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, para contratar los servicios de un abogado que lo defienda, ante las acusaciones de la expareja presidencial, Gabriela Zapata, por presunto tráfico de influencias en el caso CAMC.
La diputada Claudia Mallón (UD) dijo que “las declaraciones del ministro son vergonzosas” y lo ponen en plano de “un ridículo” porque en el país, cualquier ciudadano boliviano puede acceder a los servicios de un abogado, tomando como base el arancel vigente.
Su colega Rose Marie Sandoval (UD) opinó que la supuesta la dificultad económica “es un insulto a la inteligencia de los 10 millones de bolivianos tomando en cuenta las comodidades que ostenta con recursos del Estado. Pobrecito Ramoncito”, ironizó.
“Son historias de Quintana”, declaró el diputado Wilson Santamaría a tiempo de anunciar que solicitó una petición de informe dirigida a la estatal Entel para que el Ejecutivo remita el gasto total del servicio telefónico del ministerio de la Presidencia por las gestiones 2014, 1205 y enero 2016.
Santamaría ratificó su invitación a Quintana para que, sin necesidad de abogado, se presente ante la comisión de la Asamblea a decir toda su verdad y se someta a un careo con la señora Gabriela Zapata.
El diputado Ignacio Soruco (MAS) se abstuvo de emitir criterio sobre la administración de recursos familiares y lamentó que la oposición se involucre en la vida privada de las personas.
El senador oficialista Omar Aguilar dijo que la carta enviada por Zapata motivo de preocupación de Quintana para contratar un abogado, no es ninguna prueba que aflija y repochó la actitud opositora de “ridiculizar” una declaración del ministro de la Presidencia.
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