PGE: juicio a Mesa es para establecer si es responsable

La Procuraduría General del Estado (PGE) aclaró este lunes que el juicio contra el ex presidente Carlos Mesa es para establecer la existencia o no de responsabilidad por la generación de la controversia internacional con la empresa chilena Quiborax S.A. y su socia boliviana, la empresa minera Non Metallic Minerals S.A. (NMM).

La aclaración surgió  tras la afirmación del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, quien afirmó el domingo que el objetivo es para recuperar los 42,6 millones de dólares que el Estado pagó a la empresa chilena Quiborax por concepto de indemnización.

“En el caso del expresidente Mesa, él no ha seguido lo que el mismo ha hecho aprobar en su normas. Tenía que hacer unas auditorias, tenía que hacer unos pasos para hacer esta reversión, él no lo hecho y producto de eso tenemos un fallo en contra y obviamente tenemos que tomar las medidas necesarias para repetirle a quien no ha causado este daño”, manifestó.

La Procuraduría señala que la solicitud de Proposición Acusatoria presentada en fecha 22 de mayo pasado ante la Fiscalía General del Estado, al tratarse de un exmandatario requiere aún la autorización del enjuiciamiento del ex presidente Carlos Mesa, en base a los principios, valores y garantías establecidos en la Constitución Política del Estado.

Señala que el tribunal arbitral del CIADI, compuesto por tres árbitros internacionales, dispuso el pago de una indemnización (“reparación íntegra”) a favor de las demandantes, Quiborax y NMM, por el valor de las concesiones mineras que les fueron expropiadas en junio del año 2004, mismas que hoy forman parte de la propiedad del Estado boliviano.

Asegura que la controversia internacional surgió por el incumplimiento a la Ley N° 2564, de 9 de diciembre de 2003, al Decreto Supremo N° 27326, de 27 de enero de 2004 y al Código de Minería vigente en ese momento, en el gobierno encabezado por el ex presidente Carlos Mesa, así como por la emisión del ilegal Decreto Supremo N° 27589, de 23 de junio de 2004.