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La interpelación planteada por la senadora de la oposición, Carmen Eva Gonzales, al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, permitió conocer este martes las 128 operaciones de desfalco protagonizadas por Juan Pari, quien en 11 meses logró sacar 37.6 millones de bolivianos de bóvedas del Banco Unión, utilizando su cargo de Jefe de Agencia en la población altiplánica de Batallas del departamento de La Paz.
La parlamentaria pandina planteó 27 preguntas sobre el ilícito, al que calificó como un hecho de corrupción pública, porque la entidad bancaria es una empresa del Estado bajo tuición del Ministro de Economía. La parlamentaria dijo que “mientras el gato dormía" los ratones hacían de las suyas en el Banco Unión.
Respaldó su afirmaciones con un informe de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos de la Regional La Paz, donde se identifica un daño económico preliminar hasta el 24 de septiembre de 37.690.000 de bolivianos.
De acuerdo al dato proporcionado por la interpelante, en octubre de 2016, Juan Pari asestó el mayor desfalco a través de la agencia de Achacachi, habiendo sacado Bs 6.120.000 en 20 operaciones, de los cuales no devolvió nada.
En noviembre hizo 2 operaciones y se llevó Bs 612.000 y en diciembre pisó territorio de Batallas, donde con 10 operaciones sacó Bs 3.060.000, haciendo un total de Bs 9.792.000, sin haber devuelto un solo centavo en la gestión 2016.
El año 2017, instala su cuartel de operaciones en Batallas. En enero hace 9 operaciones y se lleva Bs 2.726.000. En febrero, vía tres operaciones, sacó Bs 918.000 de los cuales devuelve Bs 8.000. En marzo aplica 11 operaciones y se lleva Bs 2.796.000 y devuelve 16.000. En abril, 13 operaciones y logra sacar Bs 3.670.00.
En mayo asestó el segundo golpe más duro cuando se llevó Bs 4.960.000 en 17 operaciones, sin devolver un solo centavo. En junio repitió la dosis y se llevó Bs 4.622.000 de los cuales devolvió Bs 100.000. En julio hizo 24 transacciones para un total de Bs. 7.120.000 y en agosto, cuando ya estuvo en la mira de la Policía, hizo 2 operaciones habiéndose llevado Bs 1.210.000.
Pari en total devolvió Bs 124.000 de los 37.690.000, que durante casi un año sacó en las dos agencias rurales, hasta que fue denunciado por el mismo Banco Unión. En un comunicado público, aclaró que dos auditorías de 2016 y 2017 no lograron detectar los faltantes.
Gonzales anunció que en los próximos días presentará un proyecto de ley para anular el monopolio del Banco Unión que maneja todas las cuentas fiscales, el pago de salarios a la administración pública y las cuentas de los gobiernos subnacionales y empresas estatales.
Pese a las denuncias documentadas de la senadora, la bancada del MAS cerró filas en torno a las respuestas del ministro Guillen y aprobó el informe, dando por bien hecho las acciones de denuncia e investigaciones que se siguen para identificar a los responsables al interior del Banco.
HAY INTENCIONALIDAD POLÍTICA
Al término de la interpelación, Guillén dijo que es mejor dejar que la investigación establezca responsabilidades de los funcionarios encargados, porque la senadora solo quiere desprestigiar al Banco.
Negó que sea un caso de corrupción pública, porque la corrupción es recibir dinero para hacer o dejar de hacer algo, o y hacer algo rápido, pero la Ley de Entidades Financieras tipifica este caso como un delito financiero, un robo y un desfalco.
Guillén sostuvo que se ha querido magnificar el tema y observa que los opositores buscan generar un miedo para que haya corrida bancaria, en la idea que no haya un banco público, tal como lo ha señalado la senadora.
En torno al pago del seguro, explicó que el Banco contrató una póliza por 10 millones de dólares y aunque no está seguro de que pueda cubrir el 100%, indicó que tiene la certeza que la compañía de seguros cumplirá.
Lamentó las versiones de la oposición que insiste en señalar que es un asunto de corrupción pública con la intención - según él - de que el Seguro no cubra los daños económicos.
Explicó que el perito ya está en Bolivia y esperan que a mediados de este mes o el próximo, se pronuncie la compañía aseguradora sobre la viabilidad del resarcimiento de daños.
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