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El presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados, Saúl Garabito, anunció el tratamiento del proyecto de Ley de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas, norma que juzgará como genocidio los atentados que puedan sufrir estas etnias.
Según el legislador, la norma, que consta de 15 artículos, modifica dos artículos del Código Penal e incorpora uno referido a sanciones, estableciendo penas entre 15 a 30 años para quienes atenten contra indígenas, juzgando al delito como genocidio. También entre 12 a 15 años de cárcel para quien atente contra la salud pública de estos pueblos.
“Se modifican dos artículos del Código Penal y se incorpora uno. La primera con genocidio de 15 a 30 años de cárcel, el otro referido a la salud pública es de 12 a 15 años y el tercero para quienes entren a perturbar es de tres a seis años”, explicó el asambleísta a tiempo de anticipar el debate de la norma la próxima semana.
El texto establece tres pilares: prevención, protección y fortalecimiento, además de crear la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios (DIGEPIO), instancia dependiente del Ministerio de Justicia y encargada de diseñar políticas que permitan la sobrevivencia de aquellos pueblos en riesgo de desaparecer.
Garabito explicó que la iniciativa legislativa data de 2006 y no pudo ser aprobada por el momento, dijo que se socializó la norma y solo queda su aprobación en Diputados y el Senado. De acuerdo al texto, se consideran entre 12 a 15 pueblos los considerados en situación de riesgo.
“Se va a crear un sistema general de monitoreo para ver la población de estos pueblos indígenas. Se trabajó la propuesta desde el 2006 y se retomó la iniciativa con la marcha del pueblo Uru, solamente tiene que pasar por la Asamblea y ser aprobada la norma”, explicó el diputado.
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