El Vice y Mesa polemizan sobre gastos reservados

El vicepresidente Álvaro García Linera y el exmandatario Carlos Mesa avivaron este jueves su polémica sobre los gastos reservados. García recordó que “ni los dictadores destruyen sus informes” y Mesa pidió fuentes de financiamiento para saber de dónde salieron  los gastos de seguridad del Estado para los operativos policiales en el caso Chaparina, Caranavi y los cooperativistas mineros.

García habló con los periodistas en puertas del Palacio Quemado, donde distribuyó copias del decreto de Carlos Mesa Nº 27345 para probar que el exmandatario autorizó a “destruir e incinerar” la rendición de cuentas ante el Contralor sobre gastos reservados. A la vez mostró el decreto 28686 para asegurar que Evo Morales eliminó los gastos reservados porque, supuestamente, eran “administrados de  manera indiscriminada, irracional y una fuente de corrupción total”.

El mandatario llevó al ruedo del debate anticorrupción a Carlos Mesa, luego que éste asumiera una posición de respaldo al opositor Samuel Doria Medina, actualmente procesado por el caso Focas, de hace 24 años atrás, y que el Gobierno reabrió bajo el rótulo de investigar la privatización y capitalización.

Mesa aclaró que su posición fue de principios democráticos y en defensa del Estado de Derecho, donde en su criterio, el caso Doria Medina prescribió. En respuesta, vicepresidente –impulsor de la investigación desde la Asamblea – cuestiono a Mesa porque no le parecía principista ni una actitud  transparente el decreto 27345.

“Yo pregunté a Carlos Mesa bajo qué principio democrático se justificaba quemar documentos de informes de recursos públicos. No me respondió, argumentó temas de seguridad nacional, pero ni los dictadores destruyen sus informes sobre temas de seguridad nacional y quiso patear el tablero insinuando que el Gobierno tuviera alguna partida de gastos reservados en el Decreto 28686 de Evo Morales”, indicó.

García sostuvo que “es inmoral que el expresidente insinúe” la existencia de gastos reservados  en la gestión de Morales y aseguró que durante diez años de gobierno, tampoco “gastaron ni sólo centavo ni hay un reglamento sobre temas de gastos de seguridad” que el mismo decreto de Evo pedía.

No descartó que sobre su denuncia, la Asamblea pueda abrir una investigación, por lo que él considera una “arbitrariedad y abuso” en el uso de recursos públicos, que puede tener consecuencias” aplicando el artículo 36 de la Ley Safco.

MESA TAMBIEN EXIGE EXPLICACIONES

En respuesta a esas afirmaciones, Mesa a través de su cuenta twitter, aseguró que todas las autoridades de su Gobierno cumplieron escrupulosamente su dedreto 27345 al justificar y presentar una rendición de cuentas ante el Contralor General, quien podía objetar o rechazar parcial o totalmente esas rendiciones. Esa obligación y la máxima autoridad del Estado en esta cuestión fueron los garantes de la citada fiscalización, indicó.

Cuestiona el hecho que en la Ley Nº 3391 de 10 de mayo de 2006, en ningún momento se anula ni la partida ni el objeto de los gastos reservados, además que en el mismo decreto 28686, Evo Morales instruye  reglamentar ese tipo de gastos.

¿El gobierno del Presidente Morales tiene presupuestados gastos para atender la Seguridad del Estado, o no los tiene? ¿Hay alguna disposición que obligue a quienes manejan esos fondos a rendir cuentas de su uso?

¿Podemos los ciudadanos acceder a información clara y transparente de los gastos llamados de Seguridad del Estado, por ejemplo, en el operativo de Chaparina, en el operativo de Caranavi o en el operativo contra los bloqueos de los cooperativistas mineros? Si podemos, le agradeceré al vicepresidente indicarme el enlace a las páginas oficiales del Estado que tiene esa información a disposición del pueblo.  Yo no exijo, doy argumentos y hago preguntas que nos conciernen a todos”, preguntó.