Panel-CIDH: A Suxo le falta conocimiento y experiencia

El  Panel Independiente  para la elección de jueces y juezas para la Corte Interamericana  de Derechos Humanos concluyó en su informe final del 31 de mayo,  que la exministra de Transparencia Nardy Suxo, postulada por el gobierno de Evo Morales, no califica para ser parte de esa instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA)  debido a la falta de conocimiento, experiencia, entre otros.

El Panel ve que Suxo tiene experiencia y conocimiento  en la protección de los derechos de poblaciones campesinas, de las comunidades indígenas y en los derechos de las mujeres, pero ve posiblemente riesgoso que no posea el mismo grado de conocimiento y experiencia respecto de actividades judiciales y de las labores del Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos que otros candidatos.

Asimismo, podría existir una posible falta de independencia e imparcialidad dada su estrecha afiliación con el actual gobierno de Bolivia. El Panel lamenta que la candidata no se mostrara dispuesta a realizar una entrevista con el Panel, dado que la misma podría haber permitido esclarecer las preocupaciones sobre algunas denuncias en su contra.

En El Panel no ha podido identificar en la trayectoria de la candidata ninguna experiencia judicial a nivel nacional ni internacional, ni experiencias específicas con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ya sea como litigante, usuaria o jueza adhoc.

Sus respuestas al cuestionario indican un conocimiento general de la jurisprudencia de la Corte, especialmente en lo relacionado con los derechos de las mujeres y de pueblos indígenas, y de los retos actuales del sistema interamericano. No tiene escritos ni investigaciones académicas sobre el tema.

OTROS RECIBIERON ALTAS CALIFICACIONES

Suxo compitió frente a Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot es el actual Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien recibió  calificativos como “distinguido especialista en Derecho Constitucional y como altamente calificado para ser electo nuevamente juez”.

El otro candidato fue Ricardo Pérez Manrique (Uruguay) fue Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, “cuenta con una notable carrera judicial, notable preparación y experiencia

judicial y es un conocedor del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos,  tiene amplio conocimiento y experiencia en los temas de ética judicial, que podrían ser aportados al sistema interamericano. El panel considera al candidato como altamente calificado para ser electo”.

Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia) es actual Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se desempeñó como Presidente entre 2014 y 2015. Para el Penal,  Sierra Porto demostró un conocimiento profundo, sustentado en un análisis crítico, tanto de las dimensiones institucionales como jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso, el panel considera al Dr Sierra Porto “como altamente calificado para ser electo nuevamente juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

ASPECTOS QUE JUGARON CONTRA DE SUXO

El informe sobre Nardy Suxo señala que en el cuestionario recibido, la candidata se compromete a retirarse de cualquier caso que involucre a las autoridades del gobierno del cual ella ha sido parte. No obstante, entre las comunicaciones recibidas desde la sociedad civil, se plantearon varios señalamientos de excesiva cercanía con el gobierno boliviano actual y de promover la falta de independencia del sector judicial e incluso señalamientos de corrupción.

Hay reportes de prensa dando cuenta de una serie de acusaciones en su contra, que se resumen en tráfico de influencias a favor de su esposo, utilización de sus puestos oficiales para acusar falsamente a opositores del gobierno de corrupción y ser parte de un “gabinete jurídico” del gobierno que escogió jueces y fiscales no independientes.

El Panel recibió una comunicación de dos ONGs bolivianas con estas alegaciones. Ante esto, la candidata respondió que en su calidad de Ministra de Transparencia recibió ataques mediáticos y hasta físicos de los sectores que se sentían atacados e incluso de otros funcionarios del mismo gobierno, solo en base a su función  como Ministra.

No se conocen denuncias formales, judiciales o administrativas, contra la candidata y, hasta donde le consta al Panel, no han habido investigaciones formales en su contra. Sin embargo, de ser ciertos y fundados, podrían afectar su independencia e imparcialidad como jueza de la Corte IDH. Estas circunstancias demuestran la necesidad de un proceso de selección interno más robusto y transparente, donde este tipo de señalamientos se ventilen adecuadamente y donde el Poder Ejecutivo de un Estado no sea el único actor en el proceso.

CARÁCTER MORAL CUESTIONADO

Sin embargo, el Panel no tiene los elementos para llegar a conclusiones firmes sobre las acusaciones vertidas pero de ser ciertas, podrían llevar al cuestionamiento del elevado carácter moral de la candidata. El Panel quiere dejar en claro que el simple hecho de trabajar en un gobierno o, incluso, de implementar políticas controversiales, no descalifica a la persona para ser juez o jueza del Sistema.

Asimismo, el Panel sí considera que ser parte integral activa, al momento de la nominación, del servicio diplomático de un país, y sobre todo de su representación ante organismos internacionales, puede llegar a identificar a la persona demasiado de cerca con la política exterior de su país, y podría ser inconveniente.

No ha encontrado ni ha sido informado de ningún proceso legal, disciplinario, penal o civil formal en contra de la candidata. En su currículum, la Dra. Suxo  Iturry indicó que recibió una distinción por la lucha por los derechos humanos otorgada por el gobierno francés, que fue reconocida como visitante distinguida en Estados Unidos y que obtuvo una medalla profesional otorgada por el Colegio de Abogados de La Paz, Bolivia.

Recuerda  que artículo 52 de la CADH exige que los candidatos o candidatas “reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del Estado del cual sean nacionales o del Estado que los postule como candidatos”.

En este caso, la candidata reuniría los requisitos para ser miembro del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia y dada su trayectoria estaría calificada también para ser jueza de la Corte IDH.

PROCESO DE SU SELECCION EN BOLIVIA

El Panel no tuvo el beneficio de una entrevista con la candidata para ahondar sobre sus propuestas en materia de derechos humanos en caso de ser elegida, y destaca la condición de mujer que podría darle a la Corte una diversidad en términos de género, de origen étnico, de experiencias laborales y de campos de especialización dentro del campo general de los derechos humanos.

Otra de las observaciones es el proceso de selección que tuvo en Bolivia. La candidata indica que en Bolivia “no hay ningún proceso de selección, lo cual debiera ser parte de la convocatoria y que ésta sea difundida y todos y todas las que están dispuestas a prestar un servicio público desde la Corte IDH, puedan presentarse sin necesidad de acudir al poder político”.

EL PANEL

El panel estuvo compuesto por Carlos Ayala (Venezuela), abogado especialista en Derecho Público, Ximena MEDELLÍN (México) es Doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Ménez (Argentina) es desde 2009 Profesor Residente de Derechos Humanos en Washington College of Law de la American University, Naomi Rorth-Arriaza (Estados Unidos) es Profesora Distinguida de Derecho en la Universidad de California, Hastings College of the Law en San Francisco.