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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmó hoy un adendum en Ciudad de México que oficializa la firma la semana pasada de un documento de expresión de voluntades con el Estado de México y los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. De esta manera, quedó oficializado y en vigencia a partir de hoy el acuerdo mediante el cual la CIDH designará a un Grupo Interdisciplinario de cooperación técnica para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, las investigaciones y acciones que se adopten a fin de sancionar a los responsables, y la asistencia a los familiares.
“Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este acuerdo histórico tiene una importancia fundamental, en el sentido de que representa una oportunidad clave para avanzar en un tema de carácter estructural que México viene sufriendo desde hace años, como son las desapariciones forzadas de personas”, comentó la Presidenta de la CIDH, Comisionada Tracy Robinson. “El objetivo esencial de este acuerdo es resolver los problemas estructurales subyacentes a estas desapariciones, no sólo los casos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino también de otros casos, que lamentablemente son muchos”.
Por su parte, el Relator de la CIDH para México, Comisionado James Cavallaro, quien estuvo presente en la ceremonia de oficialización del acuerdo que se llevó a cabo hoy en Ciudad de México, señaló que “es esencial avanzar en las investigaciones de este caso de Ayotzinapa, y nuestra cooperación técnica estará orientada a determinar el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, sancionar a todos los responsables, materiales e intelectuales, y asistir a los familiares de las víctimas de manera integral. Pero nuestra intención es también que el acuerdo que hemos oficializado hoy nos ayude a resolver las causas estructurales de las desapariciones forzadas para ponerles fin, de una vez y para siempre”.
La oficialización del acuerdo fue firmada por la CIDH, representada por el Secretario Ejecutivo, Emilio Alvarez Icaza, el Estado de México, representado por el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, y los solicitantes de la medida cautelar que otorgó la CIDH para los estudiantes de Ayotzinapa, representados por Mario Patrón del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
“Creemos que este es un momento clave en la historia contemporánea de México que representa una oportunidad para atacar de raíz este problema estructural que representa una tragedia para cada una de las víctimas de las miles de desapariciones forzadas que han tenido lugar en los últimos años, para sus familiares, para sus seres queridos, y para México todo”, dijo por su parte Emilio Alvarez Icaza tras la oficialización del acuerdo. “La CIDH quiere ser parte de este momento histórico para coadyuvar a que esta oportunidad no se desperdicie, sino que aprovechemos su capacidad transformativa de una realidad que tiene que cambiar de manera urgente. Por eso firmamos este acuerdo. Porque la CIDH está convencida de la urgencia y la necesidad vital de acabar con las desapariciones forzadas, y de que el punto de quiebre no sea el mes que viene ni mañana, sino hoy”.
En la ceremonia estuvieron presentes el Comisionado James Cavallaro, padres de los estudiantes desaparecidos, representantes de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, representantes de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos y elegidas por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. (Nota de prensa de CIDH)
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