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El polémico proceso de destitución de Dilma Rousseff fue “inevitable”, defiende el ministro de Exteriores de Brasil, José Serra. En entrevista con EL PAÍS en Hangzhou (China), donde forma parte de la delegación de su país que participa en la cumbre del G20 inaugurada este domingo, el canciller en el nuevo Gobierno de Michel Temer insiste en que el modo en que se forzó la salida de la expresidenta estuvo justificado. “Hubo una transgresión, gastos no autorizados por el Presupuesto. Es un delito, y la Justicia lo respaldó”.
Rousseff ha recurrido ante el Supremo la decisión aprobada el miércoles por el Senado, por 61 votos a favor y 20 en contra, de deponerla. En Brasil continúan las protestas contra la medida. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, han expresado su “preocupación”. Tres países otrora con buenas relaciones con el Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), Ecuador, Bolivia y Venezuela, han retirado sus embajadores.
“Está claro que el impeachment es un proceso traumático, siempre, en un régimen presidencialista. En el parlamentarismo el cambio de gobierno es la solución, no el problema. Pero en el presidencialismo, cualquier cambio, de gobierno mismo, es traumático siempre”, reconoce.
Pero Serra resta importancia a las críticas: los tres países bolivarianos “tienen sus problemas internos, y una buena manera de distraer de ellos es referirse a la experiencia de Brasil. Yo creo que particularmente Bolivia y Ecuador podrían aprender a hacer democracia con lo que ha pasado en Brasil. Y lo de Venezuela es pura provocación. Yo creo que el régimen venezolano no merece ningún respeto, porque es un régimen antidemocrático que desorganizó el país”.
Y en cuanto a las concentraciones de protesta que se han desarrollado desde el miércoles en las ciudades brasileñas, “son muy pequeñas, casi nada. Cincuenta, cien personas. Hacen mucha bulla, llaman la atención, pero no son prácticamente nada”.
Según el ministro y excandidato presidencial en dos ocasiones, las críticas han sido mayores en el exterior, donde “ha habido una exageración por parte de órganos importantes de información pública”, que dentro del propio país. Y para justificar esta tesis alega tanto el número de votos a favor obtenido en el Legislativo en cada etapa del proceso como los índices de popularidad de Dilma, “un rechazo del orden del 80, el 85 %, el índice más alto de la historia”.
Incluso entre el propio partido de la expresidenta, el Partido de los Trabajadores, “no lo han dicho, pero de hecho han quedado felices con la solución". “Ya no tienen que justificar más al Gobierno de Dilma, que era un desastre. Segundo, porque ahora pueden votar cuanto peor, mejor… y tercero, pueden contar una narrativa en la que se presenten como víctimas”.
Rousseff fue condenada por dictar tres decretos que alteraron los presupuestos sin autorización previa del congreso, y por atrasos en depósitos que el Estado debería hacer en la banca pública para sufragar proyectos del Gobierno, que, según la acusación, acabaron por convertirse en créditos y generaron costosos intereses. “Es un delito de responsabilidad (que según la legislación brasileña pueden llevar a la destitución de un mandatario), no se le puede dejar proseguir”, sostiene.
“Mi partido (Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB) sería el principal beneficiario si Dilma hubiera llegado al final de su mandato. Para nosotros sería lo mejor, desde el punto de vista electoral. Pero de hecho, el país no aguantaría. Estaba desgobernado, con un gobierno sin legitimidad desde distintos puntos de vista y por eso nosotros respaldamos el impeachment”, asegura.
Ahora el nuevo Gobierno se enfrenta a la difícil tarea de sacar adelante a un país sumido en la peor crisis económica desde los años treinta. Una labor tanto más complicada por cuanto el proceso ha creado unas profundas divisiones en el sistema político. Y el Ejecutivo del flamante presidente, cuyos índices de popularidad rondan el 10%, necesitará el apoyo de numerosos partidos para poder sacar adelante una serie de reformas que otros líderes en el pasado no lograron aprobar.
Serra se declara optimista sobre esas perspectivas. Si las reformas no salieron adelante durante el segundo mandato de Rousseff, asegura, fue porque el propio Partido de los Trabajadores las obstaculizó. Y Temer, tres veces jefe de la Cámara de Diputados, cuenta con una amplia experiencia negociadora en el Parlamento. Por tanto, “yo creo que tiene las condiciones para lograr la mayoría. No será una tarea fácil, pero debemos pelear por ello”.
Aunque dentro del nuevo gobierno pesan sospechas de corrupción, y varias de sus personalidades están siendo investigadas. Al respecto, “la posición del presidente ha sigo muy clara, que todas las investigaciones deben proseguir, y deben tener plena libertad para desarrollarse”. ¿Es el de Temer un Gobierno limpio? “Por supuesto. A menos que se pruebe algo concreto”.
En su ámbito de responsabilidad, el de la política exterior, asegura que ya ha habido un cambio con respecto al Ejecutivo anterior. “Ya no es una política dependiente de los intereses de un partido”, defiende, sino que “hemos puesto a Brasil de donde no se debería haber movido. Brasil es un país continental y tiene que tener relación con todos. Tiene que explorar oportunidades comerciales y económicas con todo el mundo independientemente de dónde está e independientemente de ideologías, porque el mundo ya no es el de la época de la Guerra Fría”.
Tomado de: "El País"
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