“Prefiero inmolarme a esperar justicia en mi casa”

A dos años, dos meses y dos días de la violenta represión policial a los indígenas de la VIII marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), para que no se construya una carretera que impulsa el gobierno del presidente Evo Morales en medio de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO), Olga Flores mantiene viva la imagen de vehículos repletos de policías dirigiéndose hasta Chaparina, donde los indígenas permanecían por más de dos semanas cercados por los uniformados y los colonizadores para que no continúen con su caminata hasta la ciudad de La Paz. La primera reacción de la activista fue precautelar la seguridad de los niños, ante lo que más tarde fue la intervención más dura de los últimos años a una movilización pacífica de indígenas.

“Yo estaba almorzando fuera (del campamento de los indígenas) y vi pasar unas camionetas con gente de la UTOP (Unidad Táctica de Operaciones Policiales) en carros de asalto, me llamó la atención porque eran camionetas en actitud de apronte y corrí al campamento para avisar. Busqué a la presidenta de la CMIB (Central de Mujeres Indígenas del Beni), que en ese entonces era Melva Hurtado, para decirle que protejamos a los niños pero no la encontré, ella no estaba (en Chaparina)”, contó Flores a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.

Hoy Olga Beatriz Flores Bedregal cumple, a sus 57 años de edad, su octavo día de huelga de hambre en protesta por la retardación de justicia del caso Chaparina, la quinta huelga de hambre que protagoniza en su vida y la segunda durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), todo en busca de justicia, aseguró. 

Quienes conocen a Flores la califican de aguerrida y batalladora, sobre todo por los 30 días de ayuno voluntario al que se sometió en 2009 para la desclasificación de los archivos de la dictadura de Luis García Meza, donde perdió a su hermano Juan Carlos Flores y hasta la fecha es uno de los desparecidos, junto a otras personas.

Dijo no sentirse sola encarando este momento, ya que para ella es una obligación moral protestar de esta forma en pos de que se haga justicia con los indígenas, después de reclamar durante tres meses de este año a la Fiscalía de La Paz para que esclarezca el hecho, lograr, pero sin resultados hasta la fecha, que el fiscal General, Ramiro Guerrero, se comprometa a acelerar las investigaciones y pedidos en vano a las presidentas de las cámaras de Diputados y Senadores de la Asamblea Legislativa; Betty Tejada y Gabriela Montaño, respectivamente, para hacer seguimiento a este caso, que para Flores quedará impune, sino se hace nada.   

“¿Agotado todo esto qué queda, irse a casa y aceptar toda esta injusticia? o inmolarse para que en este país acabe esta impunidad, acabe esto que es la injusticia más grande (el caso Chaparina). Si uno se calla está dando paso a que sea normal la impunidad y que los delincuentes sigan libres, eso no lo puedo aceptar (…) es obligación moral mía y realmente yo no me perdonaría (no hacer nada), para mi es más destructivo quedarse en casa, aceptando lo que es injusto, sólo esperando que se haga justicia”, aseveró.   

Presión moral

Olga Flores definió su huelga de hambre como una presión moral, que no necesariamente tiene que ser masiva, aseveración que hizo al conocer que la Subcentral TIPNIS no se sumará a esta medida porque según Fernando Vargas, no buscan un resarcimiento económico, que al final la activista aclaró que el dinero no es el objetivo.

“Una huelga de hambre es una medida de presión moral, no tiene que ser masiva, no es necesario que vengan cientos de huelguistas para conmover (…) está es una medida en la que no espero, ni se quiere que se masifique una huelga de hambre; directamente yo creo que una sociedad que no es capaz de escuchar una voz que es de justicia, ya es una sociedad que básicamente no está bien”, indicó a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol. 

Flores es parte del Comité de Defensa del TIPNIS de La Paz, con el que se decidió ingresar a la huelga de hambre. El salón donde se encuentra es bastante grande y la carpa en la que pernocta está en un rincón de ella, que es parte de las oficinas de la Asamblea Departamental Permanente de Derechos Humanos paceña.

A ocho días de la radical medida, la activista aún se veía fuerte y alegre, además segura de continuar ayunando; sólo a base de liquido, coca y dulces,  hasta las “últimas consecuencias” porque lo que pretende es que el exministro de Gobierno y actual embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, Sacha Llorenti, sea imputado por el caso Chaparina, ya que dijo que es el principal sospechoso de haber ordenado reprimir a mujeres, niños y ancianos de la VIII marcha.

“Yo voy a seguir hasta que haya la imputación de Sacha Llorenti, se cumpla la Ley. También hay dos puntos que estamos pidiendo, que el Ministerio Público y la Asamblea Legislativa Plurinacional haga un proceso de responsabilidades contra el fiscal General (Ramiro Guerrero) porque él es el responsable (de la retardación de justica sobre el caso Chaparina), lo que corresponde en este momento es que haya una imputación formal contra los responsables de Chaparina, eso corresponde, que se cumpla la Ley”, puntualizó.