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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) turnó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso contra el gobierno de Brasil por incumplir sus recomendaciones respecto de una demanda del pueblo indígena Xucuru.
El caso se relaciona con la violación del derecho a la propiedad colectiva de dicho pueblo, debido a la demora de más de 16 años, entre 1989 y 2005, en el proceso administrativo de reconocimiento, titulación, demarcación y delimitación de sus tierras y territorios ancestrales.
En su Informe de Fondo sobre el caso, la CIDH recomendó a Brasil que adoptara las medidas necesarias, legislativas, administrativas o de otro carácter, para lograr el saneamiento efectivo del territorio ancestral de ese pueblo, acorde con su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres.
De igual modo solicitó al Estado garantizar a sus miembros poder vivir de manera pacífica su modo de vida tradicional, conforme a su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas.
Además lo instó a adoptar a la brevedad las medidas necesarias para culminar los procesos judiciales interpuestos por personas no indígenas, respecto de parte del territorio del pueblo indígena Xucuru.
Consideró que en el cumplimiento de esta recomendación, el Estado debería asegurar que sus autoridades judiciales resolvieran las acciones de conformidad con los estándares sobre derechos de los pueblos indígenas esbozados en el informe.
De la misma manera, la CIDH urgió a Brasil a reparar en el ámbito individual y colectivo las consecuencias de la violación de los derechos enunciados, y en especial considerar la afectación a los miembros del pueblo indígena Xucuru por las demoras en la regularización de sus tierras.
Finalmente pidió al gobierno adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares, instaurando un recurso sencillo, rápido y efectivo que tutele el derecho de los pueblos indígenas de Brasil a reivindicar sus territorios ancestrales y a ejercer pacíficamente su propiedad colectiva.
La Comisión sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 16 de marzo pasado porque consideró que el gobierno brasileño no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo.
El órgano hemisférico confió que el caso permitirá a la Corte profundizar su jurisprudencia en materia de propiedad colectiva de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios ancestrales. (Terra)
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