Caso Fondioc: Acusan a exdirigente de matar a Soruco

La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos del Beni, identificó al exdirigente de la comunidad 26 de Julio del municipio San Javier, Eliomar Guasico Malala, como el autor intelectual del asesinato de Jacobo Soruco Cholima, quien denunció en 2012 actos de corrupción en el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc).

A Soruco lo acribilló Dario Vaquero el 26 de julio del presente año. Vaquero lo mató porque iba a ser desalojado de la comunidad, donde según la secretaria Ejecutiva de la Federación campesina, Katia Chávez, se asentó ilegalmente como un infiltrado de Guasico para confrontar a los comunarios.

“El señor en vez de escuchar, se levanta y le dispara a sangre fría al compañero Jacobo hasta matarlo ¿Y quién era don Dario Vaquero? Un señor infiltrado que metió don Eliomar Guasico a la comunidad para que pelee con los propios comunarios que estaban haciendo sus trabajos comunales. Fue pagado por Eliomar Guasico para que busque pelea con los comunarios, hasta que se dio el hecho de matarlo al compañero Jacobo Soruco, en su propia tierra y trabajando su propia parcela”, relató la dirigente campesina a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.

Soruco antes de morir acusó a Guasico de quedarse hace dos años con más de 600 mil bolivianos, primer desembolso del Fondioc, para la construcción de un proyecto productivo, que consistía en una granja para cerdos. También de traficar tierra y madera en la comunidad 26 de Julio, recordó Chávez. La dirigente aseguró que el desafortunado exdirigente se volvió un “estorbo” para Guasico. 

“Viene bien asociado la corrupción del proyecto indígena (con): tráfico de tierra y tráfico de madera. El compañero Jacobo Soruco fue una de las personas que denunció en todos los medios y estaba siguiendo los pasos. Ya había venido el Fondo Indígena a ver de que el proyecto no existía y ya se había sacado un millón de bolivianos a nombre de la comunidad y él como dirigente quería que se esclarezca la verdad y de esta manera fue que llegó a ser estorbo para varias personas”, aseveró.

En mayo de 2014 una comisión del Fondo Indígena, a la cabeza del segundo secretario General de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Joel Guarachi, verificó que en la población 26 de Julio no se hizo nada. Al contrario se identificó la construcción de un galpón, fuera del área comunal, de un costo de Bs100 mil.

Guarachi denunció desde entonces, tanto Soruco como él recibieron llamadas telefónicas de muerte. El dirigente de la CSUTCB aseguró que familiares de Eliomar Guasico dijeron que lo harían “desaparecer”. Acusó a Guasico de ser el principal articulador de una red de corrupción en la provincia Cercado.

“A raíz de esa comisión (del Fondioc) que ha ido juntamente con mi persona, hemos recibido amenazas de muerte por parte de los representantes del proyecto.  Eliomar Guasico Malala es el principal articular de esa red que ha cometido corrupción en ese proyecto y otros proyectos más que se ha investigado”, aseveró.

Indicó que denunció el caso a la Fiscalía y Policía del Beni, pero no hacen nada por esclarecer el caso. Pese a que Vaquero está preso en la cárcel de Mocoví de Trinidad, los verdaderos responsables del crimen de Soruco están libres, sentenció.

Inocencia

Eliomar Guasico Malala lamentó la muerte de Soruco y que Vaquero esté preso. Aseguró que sólo conoce de nombre a Guarachi y que es parte de las investigaciones que se inició ante la justicia sobre el asesinato del exdirigente campesino, por lo que no pude salir del Beni.

Se declaró inocente porque conoció a ambos y con uno de ellos (Vaquero) fundó entre 2006 y 2007 la comunidad 26 de Julio. Reconoció que el proyecto de criadero de cerdos está a su nombre porque lo gestionó en 2011 ante el Fondo Indígena.

Explicó que en 2012 recibieron el primer desembolso de Bs590 mil y no un millón, como denunció la Federación de Campesinos beniana. Sin embargo, aclaró que se nombró una comisión de tres dirigentes de su gestión para que administre el dinero. Por las denuncias de supuesta corrupción dejaron de percibir más recursos, para un segundo desembolso.

“Todos quedamos sorprendidos por la muerte de Soruco. Yo no mandé que lo mataran. Es lamentable porque un compañero está preso y otro está muerto (…) Mi persona, como representante de la comunidad lo que hizo fue gestionar y entregar el proyecto en manos de una directiva que se conformó para que ellos ejecuten el proyecto, esas tres personas firmaron el convenio con el Fondo Indígena”, remarcó.

Aseguró que el dinero se invirtió para la compra de material de construcción de las granjas de cerdo, pero que extrañamente hace dos años no logran llevar hasta la población 26 de Julio por un conflicto con una colonia menonita.

Conflicto de tierras con menonitas

Los campesinos de la comunidad 26 de Julio se beneficiaron en 2010 de una dotación de 10 mil hectáreas (Has) de tierras de parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Este hecho les generó un problema con una colonia menonita asentada en el lugar porque la propiedad campesina se sobrepuso en más de 2 mil Has de la superficie menonita.

Guasico recordó que por esta situación siempre vivieron confrontados entre ambos. En 2012 dijo que los menonitas quemaron sus viviendas e intentaron expulsarlos, pero el INRA los apoyó para que continúen en la zona.

Por el problema con ese sector, no logran que el proyecto para cerdos avance. Indicó que les bloquearon el paso con una reja para que los camiones con el material de construcción no lleguen hasta la población 26 de Julio. Aseguró que hace un mes lo volvieron a intentar pero fracasaron.

“Hay un gran avance pero no han podido llevar el material por el conflicto que hay y han construido (los menonitas) una reja para no dejar pasar ese material. Hace un mes atrás la empresa quiso iniciar otra vez la obra, llevó material pero lo dejó a un lado del camino porque no lo dejaron entrar”, afirmó.

Joel Guarachi anunció que continuará con las investigaciones hasta que los responsables de desviar los recursos del Fondioc y quienes están detrás de la muerte de Jacobo Soruco, sean castigados.

La ejecutiva de los campesinos del Beni, Katia Chávez, aseguró que no sólo en la comunidad 26 de Julio se malversaron los proyectos productivos, pues se desconoce qué se hizo con 7.5 millones de bolivianos que entre 2012 y 2013, exdirigentes de la CSUTCB y de esa región sacaron a nombre de las comunidades campesinas.

El presidente Evo Morales pidió en 2013 a la Contraloría General que inicie una auditoria al Fondioc, tras conocerse denuncias sobre proyectos “fantasmas”, pero hasta la fecha no se conocen resultados de la misma.