El respeto a tierras indígenas, problema sin resolver

Los pueblos indígenas siguen sin tener acceso a sus tierras ancestrales en Paraguay, donde además los derechos sexuales y reproductivos no están garantizados, señala hoy Amnistía Internacional en su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo 2015/2016.

Amnistía Internacional destaca que el año pasado "los pueblos indígenas soportaban demoras para adquirir títulos de propiedad y acceder a sus tierras ancestrales".

Varios son los pueblos indígenas que se enfrentan a problemas, como la comunidad Yakye Axa que no podía asentarse en sus tierras, pese a un acuerdo logrado en 2012, porque las obras en las carreteras de acceso no habían concluido, indica el informe.

Los Ayoreo-Totobiegosode denunciaron la invasión y deforestación de su territorio ancestral por empresas ganaderas, y los riesgos que esas prácticas conllevaban para los grupos que vivían en aislamiento voluntario.

Al acabar 2015 seguía el proceso judicial contra 13 campesinos por su presunta implicación en el homicidio de seis policías y otros delitos durante un conflicto de tierras en 2012 en el distrito de Curuguaty y no se había acusado a nadie de la muerte de 11 campesinos durante los enfrentamientos, "lo que suscitaba dudas sobre la imparcialidad de la investigación".

El informe también hace hincapié en que los derechos sexuales y reproductivos no estaban garantizados en el país y el aborto sigue tipificado como delito "en la mayoría de los casos".

AI señala que "la criminalización del aborto contribuía a los elevados índices de embarazos precoces y abortos inseguros" y además la "discriminación generalizada y las profundas desigualdades amenazaban el derecho a la salud".

A final del año pasado aún se estaba debatiendo en la Cámara de Diputados una propuesta legislativa remitida en marzo para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, además de otro proyecto de ley para prevenir y sancionar la violencia sexual y para establecer un apoyo integral a las víctimas de abuso sexual.

El texto recuerda que en abril hubo "una oleada de indignación nacional e internacional" por el caso de una niña de diez años, presuntamente violada por su padrastro, que se le negó la posibilidad de abortar (EFE)