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La relatora de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, condenó hoy los recientes ataques a la comunidad guaraní-kaiowá en Brasil.
La experta instó a las autoridades brasileñas a adoptar medidas urgentes para prevenir más asesinatos e investigar profusamente lo ocurrido para poder procesar a los responsables.
El pasado 14 de junio, paramilitares armados supuestamente contratados por un grupo de hacendados mataron al agente de salud pública Clodiodi de Souza, miembro de la etnia guaraní-kaiowá, de 23 años, que fue tiroteado en la cabeza.
Otros seis indígenas resultaron heridos, entre ellos un niño de 12 años.
Los atacantes profirieron insultos racistas y quemaron las pertenencias de un grupo de guaraníes que había ocupado una hacienda en Caarapó, en el estado de Mato Grosso do Sul.
La hacienda se encuentra en tierras ancestrales que fueron recientemente reclamadas por la comunidad guaraní-kaiowá.
"Esta fue una muerte anunciada. El estado de Mato Grosso do Sul es el más violento de Brasil, con el número más alto de indígenas muertos", resaltó la relatora en un comunicado.
La relatora había visitado la comunidad en marzo pasado y ya entonces alertó de la situación de tensión.
"Lamento que, a pesar de mis alertas anteriores, las autoridades federales y estatales hayan fracasado en adoptar medidas rápidas para prevenir la violencia contra los pueblos indígenas", denunció Tauli-Corpuz.
"Esos errores se agravan por los amplios temores expresados por la comunidad de sufrir nuevos ataques", agregó.
Ante esta situación, la relatora solicitó que los procedimientos de demarcación se agilicen de forma prioritaria, para que se aclare la titularidad de las tierras indígenas y se prevenga una escalada de la violencia.
"El hecho de que los derechos de los pueblos indígenas queden subordinados al interés económico crea un riesgo potencial de efectos etnocidas que no se puede ignorar ni subestimar", alertó Tauli-Corpuz.
La propiedad ocupada por los indios, que la reivindican como tierra de sus antepasados, está próxima a la reserva Dourados-Amambai Peguá y el Gobierno ya la declaró como territorio indígena pero aún no la ha delimitado.
Desde 2003, se han registrado cerca de 400 asesinatos de indios guaraníes en conflictos por tierras en Mato Grosso do Sul, según recuentos de los propios indígenas.
La población guarani-kaiowá, compuesta por unas 50.000 personas, es una de las que más sufre la violencia provocada por la lucha por la tierra en Brasil.
En noviembre de 2014, una importante líder de la comunidad que había recibido amenazas de terratenientes locales fue asesinada en Dourado luego de haber participado en una manifestación en Brasilia contra una decisión de la Corte Suprema que anuló un proceso de demarcación de tierras indígenas precisamente en Caarapó.
A mediados de 2013, el Gobierno envió a la Fuerza Nacional de Seguridad a Mato Grosso do Sul para contener una serie de incidentes entre hacendados e indios que provocaron la muerte de un miembro de la etnia terena. (EFE)
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