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Una de las 30 personas que se iba a beneficiar con la implementación de un proyecto productivo del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) en la comunidad 26 de Julio del departamento del Beni, donde no vivía, dijo que firmó la lista de beneficiarios porque le ofrecieron tierras en esa región.
Antonio Valencia trabaja y vive en la ciudad de La Paz. Recordó que no sólo a él le pidió un dirigente campesino, con mentiras, en 2011 su carnet de identidad y que firme para figurar en la nómina de los comunarios de 26 de Julio del municipio San Javier.
“A muchas personas nos pidieron el carnet porque nos dijeron que nos iban a entregar tierras en el Beni, para eso era. Yo he firmado para comprar una propiedad”, declaró Valencia a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
El proyecto consistente en un módulo para criar cerdos, no se ejecutó hasta la fecha, pese a que en 2012 se hizo un primer desembolso de 600 mil bolivianos, de un total de Bs900 mil.
El segundo secretario General de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Joel Gurachi, quien fue el primero en denunciar este caso, señaló que éste y entre otros proyecto del Fondioc no están siendo investigados.
Indicó que el presidente Evo Morales pidió en 2013 a la Contraloría General que inicie una auditoria, pero hasta la fecha no se conoce el informe de la misma, pese al que el contralor Gabriel Herbas, anunció hacerla pública esta semana.
“Nosotros estamos haciendo las investigaciones, haciendo seguimiento, pese a que no tenemos recursos, no tenemos nada y hemos hecho esfuerzos sobrehumanos, para visitar los proyectos y hacer las investigaciones. Exigimos que la Contraloría que tiene los recursos, incluso tiene el mandato del Presidente (Evo Morales) para hacer la auditoria, cumpla con su trabajo”, señaló.
Falsificación de firma
Junto a Valencia en la lista de beneficiarios figuran los nombres del director General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Salud y Deportes, Nicolás Torrez, del responsable de Administración Presupuestaria del Fondo Indígena, Juan Pablo Carballo. Ambos señalaron desconocer este hecho. Torrez aseguró que falsificaron su firma.
En la nómina de 37 personas, a las que se hace pasar como pobladores de la comunidad 26 de Julio, sólo siete son del lugar, el resto vive en La Paz, Potosí, Sucre, Tarija, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro. A pesar de esta irregularidad, el proyecto fue aprobado en 2011 por el directorio del Fondo Indígena, para su ejecución.
El expresidente de la población 26 de Julio, Eliomar Guasico, fue acusado por la CSUTCB de quedarse con el dinero. Además de ser el autor intelectual de la muerte del exrepresentante de esa población, Jacobo Soruco, quien con Guarachi denunciaron este caso. Guasico desmintió las denuncias contra él.
Sin embargo, reconoció que por sugerencia de los dirigentes Juan Ibáñez Yujo y Fernando Muiba manipularon la lista de los beneficiarios para viabilizar su ejecución porque los documentos de muchos pobladores fueron observados.
“Para poder avanzar los dos compañeros de La Paz (Juan Ibáñez Yujo y Fernando Muiba) me dijeron podemos meter a mi familia, a mi esposa y a mi hermano para poder cumplir con el cupo, teníamos que llegar a 25 personas para que pueda viabilizares el proyecto. Nosotros presentamos un listado de 40 personas, de las 40 solamente 20 calificaron”, afirmó.
Antonio Valencia identificó a Ibáñez como la persona que le ofreció tierras en el Beni. Añadió que lo conoció como dirigente del directorio del exejecutivo de la CSUTCB, Isaac Ávalos, que hoy es asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS).
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