Indígenas, acosados por narcotráfico

Tierra Viva presentará el jueves en Asunción su informe "Violencia e impunidad hacia el Pueblo Paî Tavyterâ-Kaiowa", perteneciente a la familia lingüística guaraní y asentado desde hace miles de años en lo que ahora es la frontera entre el sur de Brasil y Paraguay.

La conferencia, que se celebrará en el Centro Cultural de España Juan de Salazar, contará con la participación de líderes de la zona y víctimas de amenazas y asaltos de los sicarios contratados por narcotraficantes y terratenientes.

Según la ONG, esas fuerzas persiguen a esa población para expulsarla de sus tierras o impedir su forma de vida.

De los 26 asesinatos de personas indígenas registrados en el informe, solo en un caso la Justicia paraguaya condenó a un responsable.

"La falta de garantías y protección judicial, sumadas al elevado índice de impunidad que rodea a los crímenes que afectan a las comunidades Paî Tavyterâ, hacen del acceso a la justicia un derecho sistemáticamente vedado que los obliga a convivir con la violencia, sin un amparo estatal efectivo", aseguró Tierraviva.

El informe fue elaborado bajo la dirección de la socióloga Lorna Quiroga y el abogado Oscar Ayala Amarilla, miembros de la ONG dedicada hace veinte años a la defensa de los derechos territoriales indígenas.

"Hablamos de violencia contra el pueblo Paî como efecto colateral de esta situación de crimen organizado que se fue dando en la frontera, al norte del país, en el departamento de Amambay", dijo a Efe Lorna Quiroga.

Los departamentos paraguayos fronterizos con Brasil, como Alto Paraná y Amambay, se han convertido en puntos de producción de marihuana a gran escala, donde cada semana las autoridades descubren decenas de hectáreas de plantaciones ilegales.

Según la Secretaría Antidrogas de Paraguay (Senad), el país produce unas 30.000 toneladas de la hierba al año, el 80 por ciento si dirige al gigante vecino brasileño.

Grupos criminales con base en Río de Janeiro y Sao Paulo manejan, con socios paraguayos, la producción y el tráfico de drogas en la zona fronteriza, la ciudad de Pedro Juan Caballero, situada en Amambay protagoniza periódicamente enfrentamientos de sicarios entre facciones enfrentadas o por ajustes de cuentas, según la Senad.

"Los crímenes son perpetrados por pistoleros contratados por las estancias vecinas porque la Policía y la Fiscalía terminan actuando en complicidad, ninguno de los casos relevados hasta el momento terminaron en un juicio y con alguien tras las rejas", destacó.

"Algunos fueron asesinados sólo por estar en el linde de una propiedad, la mayoría de las estancias tienen personal de vigilancia contratados, la gente les llama 'pistoleros' y actúan como asesinos a sueldo", desveló Quiroga.

"También hay casos de personas desaparecidas, de las que no se supo nunca más nada al entrar en una propiedad privada u otros donde la misma Policía entró a la comunidad y mató a un indígena, más bien, lo ejecutó", explicó.

Según la investigadora, "el miedo se respira, la gente no quiere hablar, saben que de una manera u otra se van a enterar y en muchos casos están involucrados policías y gente de la política".

"Es el estado el que con la impunidad los termina perpetrando y les da más poder, en esta zona mataron recientemente a tres periodistas por hablar del tema", dijo.

Los conflictos por usurpación de tierras, la tala ilegal y el narcotráfico mantienen al 76 por ciento del total de 116.000 nativos censados este año viviendo en situación de pobreza extrema, según datos del estatal Instituto Nacional del Indígena (INDI). (Efe)