Las tierras que llevaron a la caída de un presidente

Son 2.000 hectáreas de tierra, una porción ínfima de las 40 millones de hectáreas que conforman la superficie de Paraguay.

Pero una polémica sobre este terreno, conocido con el nombre guaraní de Marina Cué o Marinakue, llevó a la caída del presidente Fernando Lugo (2008-2012) en 2012.

Fue un violento intento de desalojo de esta propiedad, el 15 de junio de 2012, el que provocó la muerte de 11 campesinos y 6 policías y resultó en un juicio político contra Lugo, considerado responsable de no haber evitado la tragedia.

Este lunes, un tribunal en el departamento de Canindeyú, en el este del país, dará inicio al juicio oral y público en el que se juzgará a los 13 labriegos acusados por las muertes de los policías.

El proceso estará plagado de controversia, en medio de las voces críticas que cuestionan que ningún integrante de las fuerzas de seguridad o funcionario sea juzgado por la muerte de los 11 campesinos.

Además, varias ONG han denunciado irregularidades en la investigación.

Pero, mientras comienza el juicio por lo ocurrido hace dos años, muchos en Paraguay aún se preguntan por qué sucedió la llamada "masacre de Curuguaty".

Organizaciones humanitarias como Oxfam y Amnistía Internacional denuncian que detrás de este grave incidente se esconde uno de los peores problemas de distribución de tierras de América Latina.

Concentración

Marina Cué es considerada por estos organismos un ejemplo de lo que en Paraguay llaman "tierras malhabidas": terrenos obtenidos de forma irregular por amigos del poder.

Según el director de la oficina de Oxfam en Paraguay, Oscar López, unas 8 millones de hectáreas fueron distribuidas en el país de esta forma entre 1960 y 1989, durante el gobierno de facto de Alfredo Stroessner (1954-1989).

Eso representa un tercio de los terrenos arables.

López dijo a BBC Mundo que esto explica en parte por qué Paraguay tiene uno de los índices de concentración de tierra más elevados de América Latina:

El 1,6% de la población es dueña del 80% del suelo.

En el caso concreto de Marina Cué, quien se adjudica la posesión de ese terreno es la familia del empresario y exsenador del Partido Colorado Blas Riquelme, propietaria de la empresa sojera Campos Morombí.

Ellos aseguran haber adquirido el inmueble de manera legal.

Sin embargo, el Estado nacional sostiene que ese terreno le pertenece ya que le fue donado por La Industrial Paraguaya Sociedad Anónima (Lipsa), en 1967.

La disputa está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que aún debe definirse en el asunto.

El conflicto

Mientras tanto, la polémica por Marina Cué continúa.

La controversia en torno a este terreno comenzó en 2004, cuando el gobierno de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) entregó esa propiedad por decreto al recién creado Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

El Indert es un organismo estatal que tiene como fin "adecuar la estructura agraria promoviendo el acceso a la tierra rural (y) saneando y regularizando su tenencia", según su propia descripción.

Tras el decreto de Duarte Frutos, un grupo de familias campesinas sin tierra se instaló en el lugar a la espera de que el Indert le entregara esa propiedad, en el marco de la reforma agraria.

Sin embargo, Riquelme -quien falleció en 2012- denunció la ocupación y acudió ante un juez local para iniciar un juicio por usucapión.

Esa figura legal sostiene que el cultivo continuado de una tierra durante 30 años permite acceder a su propiedad.

El magistrado accedió al pedido del empresario.

Pero el Estado cuestionó la decisión, argumentando que entre 1967 y 1999 el terreno había sido usado por las fuerzas armadas paraguayas como lugar de entrenamiento, y no era una zona de cultivo.

Prueba de esto, afirmaron, es el nombre del terreno: Marina Cué, que significa: "era de la marina" en guaraní.

Mientras el gobierno y la familia Riquelme mantenían su disputa ante las Cortes, la situación comenzó a hacerse cada vez más tensa en Marina Cué.

Entre 2005 y 2012 más de un centenar de personas, la mayoría jóvenes, mantuvieron un acampe frente al terreno disputado, al que también ocuparon en diversas ocasiones.

La situación finalmente explotó aquel 15 de junio de 2012, cuando la Fiscalía ordenó el desalojo de las tierras por la fuerza, lo que desencadenó los violentos choques.

¿Qué pasará ahora?

Mientras los 13 procesados enfrentan el juicio, sus familiares y las asociaciones de campesinos sin tierra siguen exigiendo que el Estado les entregue las 2.000 hectáreas que reclaman.

Sin embargo, a finales de octubre el presidente del Indert, Justo Cárdenas, informó que ni los campesinos ni la familia Riquelme podrán asentarse en Marina Cué.

El motivo es un estudio encomendado a la Secretaría del Ambiente (Seam), que determinó que ese terreno no es habitable.

Según la Seam la propiedad está en una región boscosa que forma un corredor biológico por el que transitan especies en peligro de extinción, como el jaguareté, y debe conservarse como una reserva natural.

"La Seam dictaminó que esa zona deforestada debe ser recuperada y eso es lo que vamos a hacer, cuando la propiedad vuelva a manos del Estado paraguayo, como corresponde", informó Cárdenas.

En tanto, el funcionario aseguró a los manifestantes que volvieron a ocupar Marina Cué en octubre que recibirán 2.000 hectáreas de tierra en una zona cercana, lo que llevó a que los campesinos aceptaran abandonar ese terreno.

"Tierra sin futuro"

El comienzo del juicio por la "masacre de Curuguaty" llevó a algunos medios paraguayos a reabrir las especulaciones en torno al sangriento choque.

Los conflictos por la tierra son comunes en Paraguay: entre 1990 y 2004 hubo cerca de 900, incluyendo más de 350 desalojos forzados.

Sin embargo, en ningún caso hubo un número similar de víctimas. ¿A qué se debe?

Algunos lo atribuyen a una posible infiltración del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP); otros creen que hubo elementos del narcotráfico involucrados.

Por su parte, Oxfam ha usado la matanza en Curuguaty como alerta para lanzar una campaña internacional que busca concientizar sobre los problemas que crea la concentración de tierras.

La campaña "Jóvenes sin tierra = Tierra sin futuro" advierte que "el acaparamiento de tierras en Curuguaty ha provocado que se hayan quedado sin tierras 140 familias, de las cuales 105 están encabezadas por jóvenes menores de 30 años".

Por su parte, el expresidente Lugo, actualmente senador, también alertó sobre la gravedad del problema en junio pasado, al cumplirse dos años de su destitución.

"Mientras no se solucione la tenencia irregular de la tierra no habrá paz social en nuestro país", sentenció. (BBC)