Perú torna la atención a los indígenas con nueva ley

El Gobierno de Perú tiene a los indígenas como una de las prioridades en su política social, por lo que antes del fin de su mandato pondrá en marcha el programa de titulación de tierras que brinde a estas comunidades protección ante la llegada de colonos que explotan ilegalmente los recursos de sus territorios.

"Es uno de los temas pendientes de la agenda nacional que entendemos como prioritarios", afirmó la vicepresidenta del Perú, Marisol Espinoza, de visita en Madrid, donde participó hoy en la Tribuna Americana EFE-Casa de América, para abordar las políticas sociales de su país.

La vicepresidenta explicó que ya está diseñado el programa que permitirá el reparto de tierras agrícolas entre las comunidades étnicas, dotado con 40 millones de dólares, y para el que se han solicitado 40 millones adicionales al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"Era uno de los reclamos de nuestros pobladores rurales e indígenas, ostentar la propiedad de sus tierras y ser dueños de su destino", señaló la vicepresidenta Espinoza, en el cargo desde julio de 2011 con la llegada al poder del presidente Ollanta Humala.

Además de otorgar seguridad a esas comunidades, la titularidad de la tierra será "uno de los mecanismos para evitar la tala de árboles indiscriminada en la Amazonía peruana" que amenaza el modo de vida de las comunidades Asháninka, como se conoce a los indígenas de la selva de Perú.

"La entrada de colonos que se aprovechan del vacío legal en la propiedad de la tierra no sólo amenaza la biodiversidad, sino el modo de vida de sus pobladores", explicó.

Espinoza destacó que uno de los compromisos de su Gobierno, reflejado en el programa de titulación de tierras, es incluir en sus políticas sociales "una mirada pluricultural" que tenga en cuenta a las 69 comunidades indígenas que viven en Perú, "alejados de las decisiones políticas durante años".

"Celebramos esa cosmovisión de las comunidades étnicas sobre su entorno y reconocemos su papel como vigilantes y cuidadores de la selva amazónica", subrayó.

Además, la vicepresidenta resaltó como otro de los desafíos de su gobierno aplicar la ley de consulta previa a comunidades indígenas, aprobada en 2011 en Perú, primer país en crear mecanismos para cumplir con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.

En virtud de esta ley, las autoridades deben informar a estas comunidades antes de desarrollar proyectos de inversión en los territorios donde habitan y que constituyen su medio de vida.

Dentro del plan de desarrollo rural de Perú, Espinoza resaltó los avances en materia de agua, saneamiento y alcantarillado; así como en educación y salud, áreas prioritarias en las partidas presupuestarias.

"Hemos incrementado el número de escuelas en las zonas rurales y desplegado hospitales móviles para prestar una atención sanitaria básica a personas que nunca habían recibido cuidados médicos", explicó.

Además, Espinoza se refirió a los programas "Pensión 65", que entrega dinero a ancianos sin recursos; "Cuna Más", de asistencia a bebes y niños; "Juntos", que promueve servicios de educación y salud en zonas rurales; o "Qali Warma" (niño sano, en quechua), un plan alimenticio para 2,6 millones de escolares en todo el país.

La vicepresidenta hizo hincapié en los avances para la reducción de la pobreza, que ha bajado hasta el 24 %, cuando hace una década afectaba a más de la mitad de la población. (EFE)