Indígenas ponen en jaque a Rafael Correa

Es una marcha  hecha “con tanta indignación de los ecuatorianos por el cansancio de un gobierno prepotente, que cada sábado sale a mentirles con su demagogia y insultar a las  personas (de la oposición) y calificarlas de mentes reducidas, de ridículas, de terroristas, ecologistas infantiles, de cavernícolas”.

La rabia por esos ultrajes  motiva a Carlos Pérez, director de la marcha- caravana contra el presidente Rafael Correa, y  a miles de indígenas que salieron del pueblo de Pangui,  provincia de Zamora Chinchipe, sur de Ecuador, y que tras once días entró el jueves  pasado a Quito al grito de ¡“Fuera Correa, fuera!”, dijo a El País por  teléfono.

Pérez recitó su memorial de agravios contra el presidente de Ecuador (ver anexo).  Pero lo que más indigna a los manifestantes,  que se unieron  a la huelga convocada por los sindicatos en Quito, dice el líder indígena, es que  además, el gobierno de Correa quiere buscar la reelección indefinida.

“Al estilo de Daniel Ortega, de Nicaragua, de Bolivia, esos lugares  de la izquierda del Siglo XXI, que  es una falsa izquierda, porque  lo único que lo caracteriza es por ser prepotente, autoritario, mercantilista –hay enorme corruptela en sus gastos de gobierno– y por atentar contra los derechos humanos”, agregó el dirigente.

Popular en otros sectores sociales,  el mandatario izquierdista admitió en su espacio de Tv. y radio que  esta es la más “difícil crisis política, solo comparada con la del 30 de septiembre” (2010), cuando un grupo de policías se sublevó.

El Mandatario   esgrimió el argumento de otra  conspiración para sacarlo del poder, a raíz de las protestas que estallaron el pasado 8 de junio, lideradas por los diputados de oposición Andrés Páez y Lourdes Tibán, a las que se unió luego la  Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). 

Correa desató la ira de empresarios, organizaciones de derecha y de la clase media con sus políticas de corte socialista con las que  pretende, según él, redistribuir la riqueza mediante más impuestos a las herencias y a la plusvalía.

Sin embargo, las críticas al Gobierno  y a su estilo de gestión, que sus adversarios tildan de autoritario, se generalizaron.

Rechazo que se potencializó luego de la visita del papa Francisco, del 5 al 8 de julio, cuyo discurso llamó  a “afrontar los desafíos actuales, valorando las diferencias, fomentando el diálogo y la participación sin exclusiones”. 

Para el periodista Martín Pallares, editor en el diario El Comercio, de Quito, esta marcha es de las  primeras expresiones del  fin de un ciclo económico muy positivo, derivado del alto precio de las materias primas,  los comodities, y sobre todo, del petróleo.    “La política de manos llenas y de grandísimas inversiones del Estado en obras públicas o  sociales,  está llegando a su fin,  ya no hay dinero”, dijo   a El País por teléfono.

Señaló además que esta protesta es  una expresión  contenida de molestia y fastidio por la forma de gobernar de Rafael Correa: un  estilo de concentración de poder que abarca  funciones del ejecutivo, el legislativo y una  justicia  controlada.

“No hay  una  Contraloría ni una Fiscalía independientes,   se criminaliza en  forma muy   aguda la protesta social, hay muchos líderes indígenas presos acusados de terrorismo por estar en  marchas, algo que han hecho en forma histórica”, explicó  Pallares y añadió: “Y esta es la consecuencia del desgaste de un modelo de gobierno autoritario y represivo”.

Desde el sector oficialista, Fausto Cayambe,  asambleísta por el movimiento Alianza País –el del presidente Correa–, dice que “la marcha es parte de la democracia”.  “Tres meses atrás andaban diciendo que en Ecuador  había dictadura, que no se podía expresar ni protestar. Pero en estos dos meses se ha visto que en el país hay democracia, ha habido manifestaciones a favor y en contra”, explicó el político, por teléfono a El País.

Cayambe aseguró que el país no se ha paralizado y  hay normalidad, horas antes de que miles de indígenas bloquearan vías en 6  de 24 provincias y presentaran disturbios con la Policía al llegar a Quito.

Sintonizado con el Mandatario ecuatoriano, Cayambe dijo que la esencia de la gobernabilidad está en las propuestas, en la discusión, en las obras. “Por eso la mayoría del pueblo ecuatoriano reconoce los avances del país y respalda a este gobierno” y señaló que la marcha  “esconde” una agenda electoral de la oposición, que siempre va a aprovechar hechos como   la caída del precio del petróleo o la apreciación del dólar, “para hacer una fractura institucional o desgastar el estilo del presidente Correa, de la institucionalidad y del gobierno de la revolución ciudadana y para posicionar su planteamiento y  su liderazgo  que lo tienen disperso”, argumentó Cayambe.

El oficialista insistió en que no todos los indígenas estuvieron en la marcha   ni se sumaron las bases  de la Conaie.  “Ellos no   representan al sector indígena, a la diversidad del pueblo ecuatoriano. Es un sector, sobre todo dirigencial, ya que estamos en época preelectoral”, insistió, aunque las elecciones serán en 2017.

Analistas opinan que el movimiento indígena quiere aprovechar la mala hora de Correa para recuperar la reputación que labró en las calles en  los años 90.

Correa, que  asumió el poder con un discurso que coincidía con las causas indígenas, como la prédica antiimperialista, el rechazo a los tratados de libre comercio y la defensa de los recursos naturales, señala a  la Conaie de estar  “profundamente dividida”, pues varios sectores  indígenas son afines al gobierno y criticaron el “levantamiento”.

Pero la  Conaie lo acusa de  impulsar la explotación minera y petrolera en la Amazonía, y de cambiar la Constitución, quitándoles  poder de decisión.

“El movimiento indígena ha tenido un papel  importante, pero desde el gobierno de   Correa se ha dado un proceso de infiltración y división muy fuerte”, sostiene  el historiador Enrique Ayala, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar.

Esa división se ve reflejada en la posición de los indígenas frente a Correa: mientras unos quieren su cabeza, otros simplemente le piden que rectifique.

Entre estos está el prefecto de  Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, quien dice   que  “lejos de estar pidiendo la cabeza del Presidente, reclamamos que rectifique”. Jorge Herrera, presidente de la Conaie, coincide en que “no es el objetivo sacar a Correa, sino cambiar la estructura política del país y exigir que el gobierno nos escuche y nos dé respuestas concretas”.

A diferencia de ellos, el líder  Pérez sí plantea la salida del Presidente. “Para  nosotros Correa está caído, no hay vuelta atrás porque la deuda pública es la más alta de la historia (supera los US$40.000 millones). El Gobierno próximo va a quedar con una carga muy pesada. Correa terminará este periodo como rata, panza arriba, aliviándose, y sino a lo mejor,  renunciando. Nuestra petición es: si tiene dignidad, que renuncie”.

Memorial de agravios

Carlos Pérez, líder de la marcha  indígena en contra del gobierno de Rafael Correa, denunció a El País que el gobernante, “aún  con el triple de ingresos petroleros, equivalentes a los cinco gobiernos o más, no ha podido manejar la gestión pública”. 

Citó además que Correa cerró las  escuelas comunitarias bilingües, que impide el libre acceso de los jóvenes  a las universidades estatales poniendo filtros y ha derrochado   recursos de la Universidad de Yachay, por más de  US$35.000 millones, US$16.300 de ellos “pagando un rector que vive en California y maneja a control remoto la universidad”. 

Señaló también que Correa construyó  un edificio de US$140 millones que es un elefante blanco; que gastó en la  refinería del Pacífico US$3.000 millones y faltan US$8.000 millones para terminarla, se queja Pérez. 

El líder de la marcha critica además  que quien se erige como ícono del anti-imperialismo, le   entregó la concesión de la telefonía celular al hombre más rico del mundo, Carlos Slim; las petroleras  a los chinos y  a las empresas europeas, la minería también está en manos de los chinos. 

Reelección, el detonante

Si en algo está unida la Conaie, es en exigir al presidente Correa que retire el paquete de 16 enmiendas constitucionales que lo dejarán habilitado para postularse a un tercer mandato, ya que está en el poder desde 2007. La aprobación del proyecto es inminente por la Asamblea de mayoría oficialista, con 99 curules del movimiento de Correa, Alianza País. 

El paquete incluye la posibilidad de que “las autoridades constitucionales sean reelegidas en forma indefinida y él se vería beneficiado”, dice AFP Fausto Cayambe, asambleísta correista, lo negó: “La reelección no es la discusión, lo que está en marcha es la postulación indefinida, es el derecho político a elegir y ser elegido. Y no es para una sola persona, sino para todo el  mundo”. 

Añadió que “reelección” es una palabra acuñada por alguna prensa, “pero en ninguna parte está escrito así (que Correa se postularía). Eso todavía no lo ha resuelto el movimiento Alianza País. Tenemos a Rafael Correa, Lenin Moreno, Gabriela Rivadeneira,  Doris Solís, Liliana Bonilla, Gustavo Baroja, tenemos dirigentes probados en la gestión pública que viene desde las bases. Nosotros no estamos pensando en nombres, estamos pensando en la transformación que vive el país”, afirmó. (El País - AFP)