Denunció obra ‘fantasma’, un mes después lo mataron

Jacobo Soruco murió baleado en julio de 2014. Un mes antes el desafortunado dirigente de la comunidad 26 de Julio del municipio San Javier del Beni, denunció ante el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) el proyecto “fantasma” de un criadero de cerdos en esa población, recordó su esposa, Ingrid Cuellar.

Cuellar está segura que a su esposo le “callaron la boca” porque era “estorbo” para algunas personas, supuestamente involucradas en el tráfico de tierra y madera, pero también en el aparente desfalco de 600 mil bolivianos del Fondo Indígena. 

La campesina asumió la representación de la comunidad 26 de Julio, tras la muerte de su pareja. Contó que exdirigentes de la población manejaron el dinero del Fondo proveniente del Impuesto Director a los Hidrocarburos (IDH) y ahora no están siendo investigados. 

Explicó que la obra de un criadero de cerdos debía concluirse en 15 meses, luego de un primer desembolso en diciembre de 2012, es decir, en marzo de 2014, pero no fue así. Su esposo esperó tres meses más para hacer conocer esta irregularidad y presentó un informe en junio de 2014 al Fondioc.

Ese año estaba como director Ejecutivo, Marco Antonio Aramayo, en representación de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). Doña Ingrid protestó contra Aramayo por no haber hecho nada, pese a que tenía conocimiento de las irregularidades. 

“Desde esa fecha (junio 2014) no hizo nada, no hizo nada (Marco Antonio Aramayo) (…) La obra debieron concluirla en un plazo determinado, pero no se lo hizo, por eso mi esposo con todas las bases toman el proyecto porque no hubo avances y en el mes de julio fue cuando le quitan la vida”, declaró Cuellar a Erbol. 

“Ellos no han hecho nada y la mujer de un campesino no tiene dinero para moverse, para ir a La Paz, para ir a Santa Cruz, es lo que me pasa a mí”, lamentó.

Cuellar identificó a Eliomar Guasico, Miguel Ángel Ayala, Froilán Cuellar, Javier Roca y Aleida Villavicensio, como responsables de que el proyecto de cerdos no se concluya, pese al presupuesto de Bs600 mil. Según una inspección, en el lugar, de parte de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), de dicho monto sólo se invirtió Bs100 mil para la construcción de dos galpones.  

La dirigente campesina pidió a la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, que viste su comunidad para cerciorarse de lo ocurrido. 

“Hace tres día vino la ministra aquí (al Beni) y ella tampoco me ha buscado, a la que han intervenido es a ella, pero ella tampoco baja a las comunidades. Yo deseo que los personeros del Fondo Indígena me busquen”, aseveró.

Declaración 

Para la próxima semana se tiene prevista la declaración sobre este caso de Marco Antonio Aramayo, ante el Ministerio Público. Los exdirectores del Fondo fueron responsabilizados por la Contraloría de no hacer seguimiento, ni monitoreo a los proyectos productivos, por lo que fueron procesados. La exdirectora Elvira Parra está detenida preventivamente en la cárcel de mujeres de Obrajes. Mientras se desconoce el paradero del otro director, Daniel Zapata. En tanto, Aramayo cumple una detención domiciliaria. 

La Fiscalía investiga el caso 26 de Julio y otro relacionado a 153 proyectos para los que el Fondo Indígena desembolsó entre 2010 y 2011, Bs71 millones, pero los mismos no se concluyeron hasta la fecha.

La Contraloría General del Estado hizo conocer dichas irregularidades, tras hacer conocer en febrero una primera parte de la auditoria iniciada en 2013 a pedido del presidente Evo Morales, por denuncias de corrupción y proyectos “fantasmas” del Fondo Indígena.