Campesinos de Paraguay denuncian persecución

Por: Rufino Diana Barrios

Mariano Castro, Martina Paredes y Darío Espínola fueron imputados por el fiscal de Curuguaty José Zarza porque supuestamente invadieron propiedad privada, tierra que se conoce como Marina Kué. Estas personas son de la comisión de familiares de víctimas de la masacre del 15 de junio de 2012 ocurrida en este predio que fue usurpada por Campos Morombi, perteneciente a una familia fuertemente ligada al oficialista partido de derecha ANR. 

Hoy se encuentran con medidas restrictivas, como la prohibición de salir del país, de acercarse al inmueble, de cambiar de domicilio sin autorización del juzgado, más una fianza personal de 60 millones de guaraníes a nombre de la abogada Jorgelina Candia, defensora de los labriegos.

En conversación con Martina Paredes, luego de su comparecencia ante el juzgado dijo: “esto es un intento más de descabezar el grupo que lucha por conseguir un pedazo de tierra para los familiares de las víctimas de la masacre y otros centenares de familias campesinas que viven al costado de la ruta por no contar con un lugar propio, además para tratar de amedrentar a la que la gente, cosa que no va a suceder”. 

Pareciera ser que el libreto de perseguir a los labriegos es repetitivo. Encabezado por el mismo magistrado José Benítez, con el apoyo de la Fiscalía y la Policía Nacional. Sin contar con documento que lo respalden ordenaron la incursión policial en Marina Kué, donde fallecieron campesinos 11 campesinos y 6 policías aquel 15 de junio. Nuevamente ahora, con documentos que prueban que las tierras son públicas, igual ordenan la captura de los familiares de las víctimas de esa masacre. La única diferencia que con esta persecución no corre riesgo el actual presidente paraguayo, por precisamente apoyar este tipo de actos de criminalización, persecución con la intención del exterminio campesinos, para que la patria sojera siga matando.

Marina Kue, es del Estado Paraguayo

El predio de 2.000 hectáreas, donde mataron a 17 personas un viernes del 15 de junio de 2012, fue ocupado por la Armada Paraguay desde el mismo momento en que la Industrial Paraguaya donara al Estado. Esta donación se produjo en 1967. El decreto firmado del aquel entonces presidente de Alfredo Stroessner, en fecha 6 de septiembre de 1967: “Art 1ª Acéptese la oferta hecha en carácter de donación al Estado Paraguayo – Armada Nacional por la firma Industrial Paraguaya SA., de esta plaza de 2.ooo hectáreas de tierras situadas en la zona de Curuguaty, que sería destinado para el usufructo de la mencionada Armada Nacional”.

La Armada Nacional ocupó el terreno hasta 1999. El grupo Campos Morombi y la Hacienda Paraguaya -de donde salía el helicóptero de la Policía esa mañana de la matanza- ya venían penetrando en los linderos. Cuando la Marina dejó de ocupar, Campos Morombi usurpó completamente la propiedad, arrendándola en los últimos tiempos para plantación de soja, con un fondo  de 900 hectáreas a colonos brasileros que hasta la fecha envenenan las tierras, a los pobladores y contamina un importante recurso hídrico que se encuentra en el predio.

¿Qué pasó en Curuguaty?

El 15 de junio de 2012, la Policía Nacional procedió al desalojo de una toma de tierras por parte de campesinos en Marina Kué, ordenado por el cuestionado magistrado José Benítez, con el apoyo de la Fiscalía. En un confuso operativo que terminó con el asesinato de 11 campesinos indefensos y de 6 policías, se generó un ambiente propicio para lograr la destitución del por entonces presidente electo Fernando Lugo, quien en menos de 48 fue destituido de su cargo por un golpe parlamentario.

Hoy los campesinos víctimas de la Masacre de Curuguaty, continúan presos, acusados por el asesino de los 6 policías muertos en el operativo y sus familiares  están siendo perseguidos, con el objetivo de debilitar las organizaciones que los nuclean, en pos de continuar con la política de explosión del campesinado para incrementar la cantidad de soja cultivada en las tierras fértiles de Paraguay. Como muestra de esto, en momento alguno el Fiscal y el Juez investigaron el asesinato de los 11 campesinos en los campos de Curuguaty, que al día de hoy continúa impune.