Caso Chaparina es deuda pendiente con democracia

El director  del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Hernán Ávila, señaló que la aclaración y conclusión de la investigación de la represión de la cual fue víctima la octava marcha indígena, el 25 de septiembre de 2011, que se movilizaba en defensa del territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), es una deuda pendiente del gobierno con la democracia y con la sociedad boliviana.

Según Ávila, lo único que se pretende es que la justicia sea equitativa para todos los bolivianos y bolivianas, sobre todo tratándose de los pueblos indígenas, ya que el actual gobierno se auto identifica por ser defensor de los derechos de las naciones originarias y de la  Madre Tierra.

Afirmó que si no se resuelve este caso de impunidad contra los pueblos indígenas de tierras, el gobierno estaría provocando un retroceso negativo en el desarrollo democrático que ha vivido el país durante 31 años. 

Ávila lamentó que el gobierno se haya dedicado a atacar a instituciones como el CEJIS y poniendo en duda el trabajo que ellas desarrollan desde hace muchos años a pesar de que muchas autoridades gubernamentales hayan formado parte de estas instituciones que defienden únicamente los derechos de los sectores más desprotegidos por los diferentes gobiernos de turno. 

La octava marcha indígena partió desde Trinidad el 15 de agosto del 2011, hacia la sede de gobierno, exigiendo que la carretera que uniría a los departamentos de Cochabamba y del Beni, no sea construida atravesando el TIPNIS. La movilización concluyó el 19 de octubre en la sede de gobierno con la promulgación de la Ley 80 de protección de la zona ecológica,  que a la vez es una Tierra Comunitaria de Origen (TCO).