Protesta desvela venta ilegal de tierras indígenas

Centenares de familias acamparon en las inmediaciones del Congreso, en el centro de Asunción, para pedir la destitución del encargado del Instituto del Indígena (INDI), Jorge Servín, y la paralización de un proyecto de ley que prevé severas sanciones a las personas que compren o alquilen tierras a indígenas.

Una de esas marchas de hombres y mujeres jóvenes, acompañados de niños, con chancletas o descalzos, logró algo inesperado: la destitución de Servín, después de ser grabado propinando aparentemente una patada en el estómago a una de las mujeres nativas que protestaban frente a su institución la semana pasada.

Debido a ese hecho, la movilización, que había pasado inadvertida para los medios de comunicación locales y también por las organizaciones indigenistas, campesinas o sindicales, llamó la atención de todos ellos y provocó la condena del presidente del país, Horacio Cartes.

"Alguien que representa a los indígenas y que le patee a ellos, no quiero discutirlo, se tiene que ir", dijo a la prensa Cartes al conocer la noticia.

Servín fue destituido e inmediatamente Cartes nombró a un nuevo encargado, Aldo Zaldivar, quien fue recibido como un héroe cuando el lunes apareció por sorpresa en el corazón de la protesta.

Con vítores y banderas paraguayas, los indígenas consideraron al nuevo funcionario como un interlocutor válido para discutir el fondo de la cuestión: el alquiler o venta de sus tierras a terratenientes.

La Constitución paraguaya considera "indivisibles, intransferibles e imprescriptibles" las tierras tituladas a nombre de comunidades de los 19 pueblos nativos diferentes que conviven en el país sudamericano, pero la falta de políticas de desarrollo estatal han convertido la Carta Magna en papel mojado.

Muchas de las comunidades indígenas de la zona más rica de Paraguay, enclavada en la muy fértil cuenca del gigantesco río Paraná, se han visto obligadas a alquilar parte de sus tierras para conseguir dinero y otras veces provisiones, como ropa o alimentos no perecederos.

"No tenemos caminos, ni electricidad, ni créditos agrícolas. ¿Cómo vamos a sacar provecho de la tierra así? Somos indígenas pero también queremos estudiar en la universidad como los blancos", dijo a Efe Lucía Vargas González, nativa de la comunidad Primero de Marzo, en el departamento de Canindeyú, fronterizo con Brasil.

Vargas lleva acampada un mes con sus cuatro hijos en una pequeña carpa de lona en la plaza ubicada frente al Congreso y participando en las manifestaciones.

"Queremos respeto y consulta previa. Nos sentimos atropellados por Servín porque propuso una ley contra el alquiler de tierras sin consultarnos", dijo a Efe Adriano Centurión, un líder de una comunidad indígena del departamento de Caazapá.

Antes de ser despedido, Servín, junto a varios legisladores oficialistas y de la oposición, propuso una modificación de una ley que pretende castigar a los grandes terratenientes que compran o alquilan ilegalmente tierras a las comunidades indígenas.

El texto establece como castigo una pena privativa de libertad de entre 5 a 10 años para el que adquiera irregularmente la propiedad.

En los departamentos de donde proceden estas comunidades indígenas de la etnia ava guaraní, el precio de una hectárea de tierra varía entre los 12.000 y 15.000 dólares, los costos más altos del territorio en un país cuya economía está volcada a la producción agropecuaria y ganadera.

Uno de los impulsores del proyecto de ley, el senador Luis Wagner, del opositor Partido Liberal, explicó a Efe que la consulta a los pueblos originarios sí se está haciendo, y que incluso los manifestantes participaron en una audiencia en el Congreso.

"Se está produciendo la consulta con toda la sociedad, hay por ejemplo con antropólogos de la talla de Bartomeu Meliá y en marzo habrá un congreso con representantes de los 19 pueblos indígenas", explicó Wagner. (EFE)