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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos OACNUDH pidió al Estado boliviano hacer justicia con las exconcejalas Juana Quispe, de Ancoraimes, La Paz, y Daguimar Rivera, de Guayaramerín, Beni, ambas asesinadas en función política; además, de los otros hechos de violencia y discriminación a las mujeres.
Las autoridades nacionales, departamentales y municipales tomen sin dilación todas las medidas necesarias, imparciales y sancionen a los responsables de casos de discriminación y violencia contra las mujeres, incluyendo el de las concejalas asesinadas en 2012, Juana Quispe Apaza y Daguimar Rivera Ortiz, así como las denuncias de violencia en contra de dos magistradas en su institución, señala el informe.
Agrega que el Órgano Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional definan políticas institucionales con enfoque de género, destinadas a mejorar el acceso a la justicia de las mujeres; las condiciones laborales de sus funcionarios; el acceso de las mujeres a la carrera judicial y fiscal, entre otras políticas destinadas a reducir brechas de género existentes y a luchar contra la discriminación por razón de género.
El informe de la OACNUDH destaca la implementación de Ley 348 para garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, la reducción al 70 por ciento de las denuncias de violencia contra las mujeres, en comparación con los datos del 2012. También enfatiza la capacitación de 592 jueces y fiscales sobre la norma indicada.
Sin embargo, subraya que el Ministerio Público aún no cuenta con fiscalías especializadas en las provincias para víctimas de atención prioritaria de trata y tráfico, además de medidas de protección y asistencia para la persecución a delitos contra la libertad sexual.
Por primera vez se elevó a mujeres al cargo de generales – dos en la Policía y una en las Fuerzas Armadas – lo que constituye un paso hacia la igualdad y equidad de género en las instituciones policial y militar, destaca.
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