Concejalas sufren abusos, restricciones y presión política

Las concejalas continúan víctimas de acciones de acoso y violencia política por su condición de mujer en el ejercicio de la función pública en el departamento de La Paz, según el estudio efectuado por la Representación de la Defensoría del Pueblo.

Del total de 66 autoridades mujeres consultadas, 47 manifestaron haber sido sancionadas con multas, descuentos arbitrarios y otras con retención de sus salarios; 40 tuvieron impedimentos y restricciones en el desarrollo de su trabajo por sanciones injustificadas; 28 fueron presionadas u obligadas a firmar algún documento con indicios de corrupción; 27 recibieron presiones psicológicas para renunciar a su cargo; 24 no recibían información oportuna y adecuada para ejercer sus funciones; 24 sufrieron la divulgación de información falsa para ser desprestigiadas en su entorno familiar y social.

El incremento de casos de acoso y violencia política se debe al machismo, un problema social que crece cuando las mujeres van ocupando los espacios tradicionales de los varones. Al hecho se suman acciones de exigencia de derechos laborales en igualdad de condiciones, presión política partidaria, el interés político del suplente para destituirla del cargo, denuncia de actos de malversación y otros por su condición de mujer, en el ejercicio de la función pública.

La Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres sanciona los actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, conductas de agresión física, psicológica y sexual cometidos por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros en contra de mujeres candidatas, electas, designadas, en ejercicio de la función político-pública o en contra de sus familias con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, sino para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos.

La Defensoría del Pueblo realiza el seguimiento de los casos para el cumplimiento del marco legal, disciplinario o administrativo que sanciona el acoso y la violencia política; y también desarrolla espacios de sensibilización y concientización con mujeres concejalas para que denuncien los ilícitos.

La Defensoría efectúa el seguimiento al proceso de la concejala Juana Quispe, del municipio de Ancoroaimes, quien fue asesinada el 12 de marzo del 2012.