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Muchas concejalas son hostigadas y violentadas en sus derechos políticos, civiles y humanos por haber efectuado tareas de fiscalización en varios municipios del país, según el informe del Examen Periódico Universal (EPU).
El 78% de las denuncias reportadas en los tres primeros años fueron originadas por la labor de fiscalización y control de la corrupción municipal por parte de las concejalas, y a partir de la segunda mitad de la gestión 2012 el 65% de las denuncias estuvieron motivadas por los actos de presión, hostigamiento y amenazas realizado por los concejales suplentes para que dejen sus cargos con el argumento de “la gestión compartida”, señala.
La Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (Acobol) registró las denuncias de acoso y violencia política, en 2012, 40 caso y, en 2013, subieron las denuncias a 154; es decir, hubo un crecimiento acelerado de las agresiones a las concejalas.
El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades ha experimentado una desjerarquización, redujo sus capacidades para la toma decisiones, definición de políticas públicas y para influir en las demás instancias de decisión de la esfera gubernamental y estatal.
Cuenta con escasos recursos humanos y un reducido presupuesto que no le permite el cumplimiento de las metas planteadas, exceptuando algunos casos en los que se cuenta con apoyo internacional, indica.
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