Cedib: Concesiones mineras pagan patentes “ridículas”

Marco Gandarillas, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), comentó que las concesiones mineras otorgadas por el Estado a individuos, deben pagar patentes, cuyos montos son “ridículos”.  El entrevistado señaló que estos concesionarios, la mayoría de ellos solo testaferros que no se dedican a la minería, sino a especular; adquieren derechos, pero no obligaciones.

El caso más reciente que refleja esta situación es la de la concesión minera decidida en favor de la empresa “La Millonaria S. A.”. Según Gandarillas se trata de 300 cuadrículas, es decir, 7.500 hectáreas, que es más de lo que se permite tener a un latifundista. El área está situada en la provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz.  El bloque parlamentario de oposición denunció hace tres días que esa concesión es propiedad de Eduardo Carlos Joaquín Linera, Mary Carmen Velasco García y Sergio Velasco García, el primero, primo hermano, y los dos últimos, sobrinos del actual Vicepresidente del Estado. Ellos habrían comprado esa concesión de un primer propietario.

Gandarillas comentó que dicha concesión ha caducado en 2010, porque  después de dos años, no se pagó la patente, es decir, el derecho de uso de superficie. Ese impuesto se paga al municipio. En general, cuando un ciudadano no paga un impuesto, contrae una deuda con el Estado que debe cancelarse tarde o temprano. Sin embargo, el régimen minero, recordó el entrevistado, permite que los evasores simplemente no paguen. “Caduca la concesión y todo se queda ahí”, lamentó. 

El investigador calificó como ridículo el monto de la patente. Para ilustrarlo recordó que ni siquiera equivale a lo que paga un comerciante por concepto de “sentaje” en un mercado de Santa Cruz. En ese caso, se pagan 500 Bolivianos  por un puesto en la calle, en cambio, un minero paga 600 Bs anuales por 25 hectáreas.

“Desde el inicio de este gobierno se decía, en Bolivia tenemos un problema: muchas concesiones ociosas”, dijo Gandarillas. Para el investigador, los llamados testaferros son “políticos que no son mineros, que no son empresarios, pero que buscan hacerse empresarios, usando un derecho del Estado, sin solicitárselo directamente al Estado, sino comprando ese derecho a un intermediario”. Ese sería el caso de los familiares del Vicepresidente.