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La plataforma Pacto por el Bien Común planteó hoy cinco razones para la realización de un pacto fiscal con mayor participación de los distintos sectores de la sociedad para lograr una distribución y desarrollo más equitativo. A continuación la exposición de los cinco puntos:
1. Porque en el pasado la asignación de los recursos públicos ha estado sujeta a la presión política de instituciones o niveles de gobierno, como si el obtener recursos o fortalecer instituciones fuera un objetivo en sí, por encima del beneficiario final de los bienes y servicios públicos que es el pueblo boliviano.
Esta lógica de asignar recursos no ha llevado a un desarrollo equitativo y mucho menos a mejorar las condiciones de vida de la gente, sino a satisfacer intereses o beneficiar a actores públicos circunstanciales.
Por lo tanto, la participación de la sociedad civil en el Pacto Fiscal significa sobreponer las necesidades reales a los intereses particulares, y cumplir el mandato Constitucional que define que “la soberanía reside en el pueblo boliviano y de ella emanan las atribuciones de los órganos del poder público” (Art. 7).
2. Porque determinaciones como la distribución de los recursos o la definición de impuestos son temas que demandan un tratamiento bastante delicado y políticamente difícil de encarar para cualquier gobierno. Los recursos son limitados y, al momento de redistribuir, siempre existirá conflicto de intereses, por lo que la participación ciudadana, en sus diferentes formas y representaciones, coadyuva a concertar el beneficio mayor o el bien común, ante intereses sectoriales, partidarios o de los propios administradores circunstanciales del Estado.
3. Porque la Constitución Política del Estado, en el artículo 321, establece que “…la determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio de mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva estatal...”; asimismo, el artículo 241 establece que “el pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas”.
El Pacto Fiscal es la oportunidad y el escenario marco en el cual se podrán definir los gastos e inversiones del sector público, de acuerdo a prioridades y conforme a un criterio de planificación.
La Ley Marco de Autonomías, por su parte, establece que la propuesta técnica sobre el pacto fiscal deberá comprender el desarrollo de un proceso de concertación nacional y regional, como paso previo a cualquier tratamiento por las vías legislativas.
4. Existe una necesidad de fortalecer la percepción que tiene la población de la conexión entre el esfuerzo que hacen las personas al tributar y los beneficios de los bienes y servicios públicos que reciben, por lo que incorporar la participación en el diseño de estos mecanismos, implica validar el pacto entre sociedad civil y Estado.
Finalmente, el Pacto Fiscal es el escenario que permitirá plasmar la visión de desarrollo del país, por lo que su discusión abierta, democrática y participativa adquiere vital importancia.
18 de octubre de 2013
PLATAFORMA PACTO POR EL BIEN COMÚN
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