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Las organizaciones no gubernamentales Conectas, Cedla y Global Witness lanzaron este jueves una campaña internacional simultanea cuestionando las políticas al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, por canalizar desembolsos para la construcción de carretas sin considerar ni cumplir normas socio-ambiental, como el caso del TIPNIS en Bolivia.
El Cedla informó que, la campaña de denuncia pública fue difundida en Brasil, EEUU, Inglaterra y Bolivia, pone de referencia la decisión del BNDES, que el año 2012 aprobó un crédito no desembolsado por $us 332 millones, para financiar la construcción de la carretera por el TIPNIS sin exigir la consulta previa a las comunidades indígena.
Recuerda que el BNDES no observó el Convenio 169 de la OIT, la Ley 1257, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y la Ley 3760 obligan a realizar una consulta previa a los pueblos indígenas “a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado, antes de adoptar e implementar medidas legislativas y administrativas que pudieran afectarles”.
Aseguró que a partir del caso TIPNIS, la política socioambiental del BNDES fue objeto de reformulaciones. La última fue presentada en noviembre de 2015, en el Foro de Diálogo entre el banco y representantes de la sociedad civil.
Para las organizaciones esta reforma es insuficiente, esencialmente porque no incluye ningún requisito concreto que obligue a quienes toman las decisiones, a prevenir y evitar las violaciones a los derechos humanos.
En la actualidad “este vacío aún no ha sido resuelto y hasta que eso ocurra continuaremos sufriendo el riesgo de financiar proyectos completamente insustentables desde una visión humana y ambiental, como en el caso TIPNIS”, según Caio Borges, abogado de Conectas.
Pese a que en repetidas oportunidades se solicitó al banco que responda acerca de los alegatos expuestos, las organizaciones responsables del documento señalan que la Oidoría del BNDES hasta la fecha no ha dado una respuesta satisfactoria a estos reclamos, cuyo fin es expresar las demandas de las poblaciones afectadas por proyectos involucrados, como se dio en el caso del TIPNIS.
A través de una carta abierta, las organizaciones CONECTAS, CEDLA y Global Witness demandan al BNDES a “(i) asegurar que los proyectos que financie en el exterior cumplan con la legislación internacional y de los países involucrados, asimismo, dar cumplimiento a normas propias del banco con el fin de lograr que la conformidad socioambiental se sustente en procesos genuinamente participativos y de consulta permanente con los pueblos y comunidades.
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