Cámaras de Comercio exigen funcionarios honestos

El congreso nacional de Cámaras de Comercio, que se cumplió recientemente en La Paz, exige al Poder Ejecutivo funcionarios públicos idóneos y un Sistema Regulatorio independiente del control político gubernamental.

En una declaración institucional difundida este domingo, las Cámaras Departamentales de Comercio, Servicios y Turismo señalan que la legitimidad del Gobierno de Evo Morales no se refleja en las políticas y prácticas regulatorias y observancia del debido proceso.

“El Estado debe tener entidades del sistema regulatorio independientes del control político gubernamental, que cuenten con funcionarios públicos idóneos para fiscalizar todas las formas de organización económica (estatal, comunitaria, privada y social cooperativa) para crear una institucionalidad que garantice certeza y seguridad jurídica al modelo económico plural”, destacan en un documento.

La Cámara Nacional de Comercio plantea que el control social también se aplique a autoridades de Fiscalización y Control Social, para evitar excesos en su administración.

Equidad tributaria

Las Cámaras Departamentales también exigen que haya equidad en la política tributaria a nivel nacional.

“El Estado tiene la obligación de aplicar una política de universalización en materia tributaria, mediante un sistema tributario integral, eficiente, proporcional, equitativo y estable que amplíe la base tributaria, evitando que toda la carga impositiva recaiga sobre un reducido sector formal”, agrega.

Este grupo de entidades propone participar en una eventual reforma del código tributario, donde se considere un sistema que contenga la instancia administrativa y jurisdiccional. Estas tienen que ser independientes de la injerencia política.

“El Estado debe garantizar la presunción de inocencia, el debido proceso y la proporcionalidad entre la sanción y la infracción a la normativa, así como la eliminación del salve et repete (pagar el adeudo tributario para tener derecho a la impugnación) y el fedetario del sistema tributario por vulnerar los principios constitucionales”, concluye.