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El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró la continuidad y las operaciones mineras de las empresas privadas que tenían contratos con las cooperativas y garantizó “absoluta estabilidad laboral de los asalariados” que prestan servicios en esas unidades productivas.
“El trabajo de la empresa privada se mantiene, los trabajadores de esa empresa privada se mantienen, pero ahora esa empresa ya no paga nada a la cooperativa, tiene que pagar directamente al Estado”, declaró la autoridad poco después de concluido el acto de interpelación a dos ministros por la muerte de cooperativistas mineros y el exviceministro Rodolfo Illanes.
García sostuvo que el trabajo de la empresa “no tiene por qué detenerse ni tiene porque ser expropiado, lo que se rompe es el acuerdo con la cooperativa”.
Manifestó que las cooperativistas ganaban sin trabajar y de la concesión que entregaban a la empresa privada, en una operación ilegal como si fuera un mini Estado dentro del Estado Plurinacional.
“Ahora hay contratos entre cooperativista y empresas extranjeras, ese derecho no lo tiene la cooperativa de subarrendar lo que es del Estado, por tanto, ese contrato queda anulado de inmediato”, declaró.
El presidente Evo Morales firmó el 1 de septiembre el Decreto Supremo 2891 por el cual “se revierte a dominio del Estado las áreas sobre las cuales se hubieren suscritos contratos de riesgo compartido, de arrendamiento o subarrendamiento entre cooperativas y empresas privadas nacionales y extranjeras”.
En las últimas horas, algunos dirigentes cooperativos insinuaron que interpondría oposición al decreto bajo el argumento de “derechos pre constituidos”. Sin embargo García Linera rechazó esa posibilidad porque esa figura es válida para aquellas cooperativas que operan bajo los principios de solidaridad y no para las que entregaron concesiones al extranjero con fines de lucro.
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