Economía
Residencia Presidencial
Gabinete ratifica cierre de Enatex y pide aclaraciones
Ministro de Educación, Roberto Aguilar, en conferencia de prensa, hoy. Foto/Erbol

Miércoles, 6 Julio, 2016 - 09:46

Tal como estaba anunciado, el gabinete ministerial aprobó este miércoles dos decretos supremos que prohíbe la aplicación del 2765 en empresas públicas y privadas, y ratifican el cierre de Enatex sin posibilidad que los 180 trabajadores vuelvan a ser recontratados por el Estado bajo el régimen de la Ley General del Trabajo.

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó hoy que el Decreto Supremo 2822 otorga estabilidad laboral, debido a que advierte que “bajo ningún motivo y bajo ninguna justificación se aplicará (el DS 2765) para el cierre de empresas y/o el despido de trabajadores en el sector privado, siendo nula de pleno derecho y sin validez legal, cualquier acción que realicen a su amparo los empleadores”.

Asimismo dispone que los trabajadores de sindicato del sector público, que se encuentran bajo los alcances de la Ley General del Trabajo, no serán transferidos a ningún otro régimen.

El otro Decreto Supremo 2823, modifica el decreto 2765 en el artículo segundo, que ahora  tiene la siguiente redacción: “Se modifica la naturaleza jurídica de Enatex de Empresa Pública Nacional y Estratégica a institución pública descentralizada, con duración indefinida, patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, cuya denominación a partir de la fecha será Servicio Nacional de Textil (Senatex)”.

Aguilar aclaró que en la anterior redacción se definía que Senatex estaría bajo el régimen de la Ley del Estatuto del Funcionario Público. Sin embargo, en este nuevo decreto, se excluye ese régimen.

En el artículo 10, se modificó de la siguiente manera: “A la publicación del presente Decreto Supremo, cesarán las operaciones empresariales Enatex, debiendo procederse a la desvinculación de los trabajadores. Las obligaciones sociales generadas hasta el cambio de la naturaleza jurídica, deben ser canceladas en los plazos establecidos por la normativa vigente”.

La autoridad admitió que aún está pendiente la situación de 180 trabajadores. La COB planteó la contratación bajo el régimen de la Ley General del Trabajo y el Gobierno rechazó. El Ministro dijo que surgió el criterio de los dirigentes fabriles que hablan de 250 o una cantidad mayores de trabajadores.

“Esto lamentablemente ha generado un entrabamiento en este punto específico y vamos a esperar que la COB, por escrito haga conocer una posición clara, para volver a la mesa de diálogo y continuar con el tratamiento de este último punto que faltaría”, manifestó.

 

 

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