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La Cancillería del Estado convocó este viernes a los estados de la región a dialogar para defender la crisis democrática y debatir crisis política de Brasil, que derivó en la suspensión de la presidente Dilma Rousseff por 180 días, mientras dura un juicio político por denuncias de corrupción.
En un comunicado oficial difundido a los medios de prensa, la Cancillería exhorta tomar en cuenta “el peligro que significa la debilitación de la institucionalidad de la democracia, provocada por una oposición incapaz de lograr los votos necesarios para formar un gobierno”
Considera necesario defender la plena vigencia y preservación de la institucionalidad democrática y los valores que la sustentan, el respeto irrestricto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la construcción de la paz como patrimonio que hemos consagrado y defendido en la región.
Rechazó el juicio político por considerar que se sustenta en “una farsa jurídica” destinado a desestabilizar los procesos democráticos y desconocer la voluntad de los pueblos expresadas en el voto popular.
En criterio de la Cancillería, la destitución se basa en la “criminalización de acciones administrativas” que no ameritan responsabilidad alguna, según las propias leyes brasileras.
Esto demuestra una intención de dañar la democracia en un país hermano como el Brasil y desconocer los 54 millones de votos que llevaron a Dilma Rousseff a la presidencia, dice en la parte final el comunicado.
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