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La comisión interministerial lamentó lo que considera un “desaire” de los discapacitados que no asistieron a la reunión organizada por el gobierno y decidió convocar a las nueve federaciones departamentales para entablar diálogo sobre la política de atención del Estado a este sector.
En conferencia de prensa, los ministros de Economía Luis Arce, de la Presidencia Juan Ramón Quintana, de Trabajo Gonzalo Trigoso, de Salud Ariana Campero, y Desarrollo Productivo, Verónica Ramos, anunciaron que las federaciones serán citadas para el próximo jueves, debido a que la actual dirigencia, que maneja la marcha de los discapacitados, está dividida.
“Lamentablemente la respuesta que hemos recibido es un desaire, estamos prestos a mostrar todas las cifras y hemos tenido esta decepción de no hablar de manera directa sobre el enorme esfuerzo que hace el gobierno para atender no sólo las demandas sino otras políticas”, manifestó Arce.
Quintana por su lado, dijo que el gobierno ve que hay disputas internas entre los dirigentes y por eso considera que la marcha tan sacrificada, no puede ser instrumentalizada ni un mecanismo de presión para generar mayores conflictos.
“Sabemos que hay disputa entre delegados que pretenden ser dirigentes nacionales o departamentales, por tanto, hay interés de suplir dirigencias. Esperamos que se pueda disipar esta conflictividad por la dispuesta y si continúa vamos a convocar a la dirigencias orgánicas de los nueve departamentos para el día jueves en La Paz y debatir las demandas del sector”, indicó.
Exhortó a los dirigentes a sensibilizarse con las personas que marcharon y que asistan a la reunión programada en las oficinas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Reiteraron que el bono de 500 bolivianos es inviable lo cual no excluye analizar otros proyectos que inclusive superar la mera asignación del bono.
Quintana señaló que el gobierno tiene muchas iniciativas de abrir más espacios de inserción laboral, no sólo como proyectos productivos, sino también llegar al 4% de contrataciones de personas con discapacidad en las entidades públicas, municipios y en el sector empresarial.
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