VENEZUELA Y EEUU

La rara situación compuesta por la posibilidad de coincidir con la presión norteamericana al gobierno venezolano por un lado y por otro, de ignorar la evidente crisis de este último país en medio de sonadas denuncias de corrupción y atropello a los Derechos Humanos, ha creado un ambiente de chantaje moral que tiene arrinconada, en alguna medida, a la opinión crítica latinoamericana. Conviene pues puntualizar algunos elementos, en la perspectiva de bosquejar una postura respecto, tanto a la soberanía de nuestros países, como de los derechos democráticos de nuestras sociedades.

La complejidad de esta situación radica en que, si bien en lo externo los gobiernos sudamericanos mayoritariamente contribuyen a la formulación de un orden mundial multipolar, en lo interno asumen rasgos autoritarios y antidemocráticos. Por lo demás, con más o menos semejanzas, un dilema similar vivió la izquierda europea, con respecto a la ex-Unión Soviética y los gobiernos de EEUU; el surgimiento de la entonces “nueva izquierda” y eventos sociales tales como el mayo francés, son expresivas de ello.

La crisis venezolana contiene algunos elementos que son común al resto de los países del continente: gobiernos con tendencias autoritarias, hechos de corrupción en los que están implicados personajes de los más altos niveles como ser ministros y parlamentarios y debilitamiento de la institucionalidad estatal, por conveniencia política de los gobiernos. En lo externo, pero, el caso venezolano ha suscitado la reacción, casi incomprensible, de la administración norteamericana al declarar a Venezuela como amenaza para la seguridad estadounidense. Esta declaración ha servido, coyunturalmente, para cohesionar al gobierno con los sectores sociales pasivos, es decir no activamente oficialistas. Pero, más allá del polvo que esta situación levanta, quedan algunas preguntas.

En primer lugar, conviene preguntarse si, lo que más por costumbre se denomina imperialismo, es el mismo fenómeno de hace cuatro décadas. En segundo lugar, importa preguntarse en torno a la validez de comparar a las sociedades latinoamericanas de entonces, con las actuales. Y tercero, a la luz de las dos consideraciones anteriores, debe reflexionarse respecto a los gobiernos y su discursividad izquierdista.

El actual fenómeno que llamamos globalización, es un hecho cualitativamente distinto al imperialismo. Se trata de una “evolución” del capital, que ha modificado parcialmente el mapa de la división internacional del trabajo. Junto a la calidad de países exportadores de materias primas, no nos sorprende encontrar hoy en estos mismos países altos grados de industrialización, ya sea por la presencia de enclaves industriales o por la alianza con empresas transnacionales. En todos los casos, la dirección que recorre el excedente económico captado continúa alimentando a los centros mundiales del capital. Lo que se discute es el grado en que ese excedente resulta retenido en nuestros países. En realidad este tema también ha estado presente en los movimientos antimperialistas de hace medio siglo atrás, pero la diferencia con estos tiempos es que ahora el mayor excedente retenido no resulta, necesariamente, contradictorio con el capital global.

Tal es así que en Bolivia las empresas transnacionales de los hidrocarburos han obtenido con el gobierno de Evo Morales, por lo menos el mismo beneficio proyectado en tiempos de los gobiernos “neoliberales”; y lo mejor, en un ambiente de estabilidad política. Si volvemos a la nomenclatura marxista tendríamos que decir que se trata de la autonomía relativa del Estado. No dejaría de ser, pero, un curioso dato, en el que las instituciones políticamente más importantes (el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo) se alimentan de una verborrea anticapitalista y “marxista”. No se trata de una anormalidad -visto desde el lado del capital, como en Chile de Allende- sino de un lujo que se puede conceder el capital global. Mientras que en las décadas de 1960-1970 tras el discurso marxista se encontraba la clase obrera (llamada a sustituir a la burguesía en la historia, de acuerdo al marxismo), en la actualidad las transformaciones que supusieron las revoluciones de la robótica, el Internet, las comunicaciones, han configurado una clase obrera cada vez más reducida, desorganizada, dispersa, por lo que el marxismo como discurso de estos gobernantes, no representa peligro alguno para el capital.

Por ello, quienes agitan este discurso en la creencia de expresar el anhelo de las clases subalternas, aparecen a los ojos de la opinión pública vacíos de cualquier contenido progresista. En todo esto, además de los temas ya señalados, surgen otros que merecen ser analizados con mayor detenimiento, tales como la cuestión de la plusvalía en estos tiempos. ¿Dónde tiene lugar, ahora, ésta?, cuando las más altas tasas de ganancia se encuentran en las diversas ramas de los servicios, como las comunicaciones. ¿Cómo debe entenderse la autonomía relativa del Estado, en tiempos del capital global?

Por todo ello, la protesta de los países del ALBA (el sindicato del ALBA, en palabras de Víctor Hugo Cárdenas) por la intromisión del imperialismo, no pasa de ser un saludo a la bandera. Tampoco es algo que los gobiernos de estos países no se dieran cuenta. Al contrario, todo indica que la innecesaria resolución norteamericana, bajo el pretexto del atropello a los Derechos Humanos (porque a los EEUU siempre le ha importado muy poco el respecto a los Derechos Humanos) ha servido a estos gobiernos para crear momentáneamente una cortina de humo. Permite distraer la atención de la opinión pública local de hechos de corrupción de verdadera magnitud y formular un chivo expiatorio para descargar responsabilidades por la crisis. El discurso “antimperialista” de estos gobiernos constituye, a lo sumo, un discurso destinado para el consumo de idiotas.

Está claro que no se defiende la soberanía atropellando los derechos democráticos de la sociedad y desinstitucionalizando su vida política. El que estos gobiernos actúen de esta manera, pero, es coherente con el momento sociológico, consistente en la renovación de las élites, en el marco de un proceso mayor como es el de la movilidad social, vía la utilización corrupta del poder político.