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Unos 300 indígenas supervivientes de un éxodo que empezó hace tres décadas, cuando un gran empresario ganadero les expulsó de su territorio ancestral en la vasta región del Chaco, han vuelto a su tierra prometida para exigir al Estado paraguayo que la titule a su nombre.
Los miembros de la comunidad indígena Xákmok Kásek son oriundos del Chaco, una región de especial riqueza medioambiental y cultural que se extiende por Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil.
A finales de febrero reingresaron al terreno que les pertenece, de acuerdo con una sentencia de 2010 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Son 10.700 hectáreas, repartidas entre una empresa agrícola y la propiedad de un gran terrateniente, el estadounidense Roberto Eaton, quien les expulsó a principios de la década de 1980.
La Corte sentenció al Estado paraguayo a restituir toda esa extensión a los indígenas antes de 2014.
La comunidad, formada por miembros de los pueblos sanapaná y énxet, no aguantaba más.
Durante 30 años han sobrevivido en un reducto de tierra prestada, de suelo improductivo, donde apenas podían cultivar o tener ganado y carecían de acceso a servicios públicos básicos como agua, luz, educación o salud.
El mes pasado, en una larga asamblea que reunió a ancianos, hombres, mujeres y niños, los Xákmok Kásek hicieron recuento de todos sus pasos judiciales a nivel nacional e internacional, y de sus esfuerzos de comunicación con la prensa y el Gobierno.
Y concluyeron que nada de eso les ha ayudado a volver a su hogar, por lo que decidieron pasar a la acción.
Embolsaron sus pocas pertenencias: útiles de cocina, colchones, mantas, poca ropa y algunos animales domésticos y caminaron los 18 kilómetros de trecho embarrado que les separaba del exilio.
Ahora, entre vestigios de bosques de vegetación baja, colocaron un cartel con la leyenda: "Esta es nuestra tierra ancestral".
"Volvimos porque este es nuestro lugar, necesitamos esta tierra para estar juntos, pase lo que pase, vamos a entrar y no vamos a retroceder, queremos trabajar y cultivar", dijo a Efe Castorina Dermos Delarrosa, de 57 años, una de las líderes comunitarias.
Del mismo parecer se mostró Milciades González Ruiz, de 30 años, otro miembro de la comunidad, quien declaró a Efe que "el Estado debe acatar la sentencia".
"Esta tierra nos pertenece y en ella conseguiremos el desarrollo que queremos", manifestó.
Delarrosa recuerda que su marido nació y creció en la estancia ganadera Salazar, propiedad de Eaton, en poder de las 7.701 hectáreas de tierra de las 10.700 pertenecientes al territorio ancestral de los Xákmok Kásek.
Aseguró que durante décadas Eaton obligaba a los hombres "a trabajar de sol a sol a cambio de nada. Comida y nada más, no a cambio de salario".
Ella estudió solo hasta sexto grado porque nunca hubo una escuela con más cursos a menos de 100 kilómetros, dijo.
El origen de las actuales violaciones de derechos territoriales indígenas en Paraguay se remonta a la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), cuando Paraguay fue arrasado por Argentina, Brasil y Uruguay.
Veinte años después de la derrota, el Estado paraguayo vendió en la bolsa de valores de Londres dos tercios del Chaco, que ocupa la mitad occidental del país, para financiar la deuda impuesta tras el conflicto bélico.
La división y venta de esos territorios fue realizada con desconocimiento de la población que los habitaba, que en ese entonces era exclusivamente indígena, recuerda la CorteIDH en su sentencia.
El proceso de colonización de Paraguay en el Chaco afectó a todos los pueblos indígenas que como la comunidad Xákmok Kásek vieron desaparecer su territorio milenario entre vallas para ganado de los nuevos terratenientes paraguayos y extranjeros.
En la región del Chaco hay presencia de hasta 17 de las 20 etnias indígenas que existen en Paraguay, divididas en cinco familias lingüísticas diferentes. (Efe)
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