VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

El fin del poder es reproducirse a sí mismo y ello también es válido para el poder político. Veamos este principio a la luz de la violencia intrafamiliar, en particular en contra de mujeres y niños. En principio digamos que el tema de la violencia intrafamiliar puede presentarse desde diversos ángulos. Es posible enfocarlo desde lo cultural, desde la consideración económica o desde el de la política. En este último caso nos referimos tanto a la función política de los “esfuerzos” estatales por enfrentar esa violencia, como al entrecruzamiento de intereses políticos particulares, partidarios, en ese “esfuerzo”.

La función del Estado en este campo es, claro, la de controlar y revertir los índices de la disfunción social llamada violencia intrafamiliar. En el cumplimiento de ello no únicamente debe considerarse el diseño de políticas públicas, sino los efectos políticos que la lucha contra ese tipo de violencia ocasiona. Esto implica, entonces, considerar también el momento específico de la aplicación de sanciones en contra de la violencia intrafamiliar. Este tiempo específico no únicamente se encuentra determinado por la demanda de la sociedad, sino principalmente por las decisiones del gobierno. A estas últimas consideraciones las llamaremos la administración política de la “lucha” en contra de la violencia intrafamiliar.

Todo lo que pasa por el ámbito del Estado es materia política, escribió en alguna oportunidad Zavaleta Mercado. En este caso, el efectopolítico se refiere a la legitimación social que el Estado adquiere, cuando políticas públicas en contra de la violencia intrafamiliar son eficazmente implementadas; lo contrario, es decir, la ausencia real de estas políticas (anotemos marginalmente, que la simple aprobación de leyes no hacen políticas públicas), puede ocasionar deslegitimación social.

Con todo, la legitimación servirá, ya sea para repuntar (cuando se enfrenta un cuadro de deslegitimación), para desviar la atención pública ante dificultades momentáneas en la administración estatal o para relanzar la presencia de los administradores estatales, es decir de los partidos en función de gobierno.

La legitimación social queda realimentada y este efecto es algo que a los momentáneos administradores del Estado no se les puede pasar desapercibido. En realidad el cálculo político,  partidario, en la administración del control de las disfunciones sociales, ha sido algo que siempre ha estado presente en las prácticas estatales. Diríamos que le es inherente a todo Estado. Por ello no importa que los hombres del poder tengan actuaciones individuales  simplemente grotescas, cuando son descubiertos en el ejercicio de la violencia intrafamiliar. En nuestro país, por ejemplo, hemos visto casos similares, tanto en el pasado como en el presente (y seguramente continuaremos viéndolos en el futuro).  En su momento, Walter Guiteras (hombre fuerte del gobierno del ex–dictador Hugo Banzer), acusado de haber agredido a su esposa, apareció ante los Medios, acompañado por la esposa, dándose besitos a fin de “desmentir” la denuncia. Hoy por hoy, el diputado Calani del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), acusado de la misma forma, no tuvo mejor idea que la de imitar al ex-diputado banzerista, apareciendo también ante los Medios, junto a su esposa, para desmentir la acusación de violencia en contra de la mujer.

No se crea, pero, que sólo los hombres del poder representan aquellas payasadas, ante denuncias de agresión a las mujeres. Las propias mujeres del poder no tienen empacho alguno en formar parte de comparsas semejantes. Como se recuerda, en Santa Cruz, el alcalde PercyFernandez (aliado político del MAS, en esa ciudad), en un acto público tuvo la genial idea de manosear las nalgas de una concejal, sin que la “afectada” hiciera algo para impedirlo. La noticia recorrió el mundo y levantó comentarios, en la prensa japonesa por ejemplo, en sentido de que, seguramente un comportamiento enfermizo como el del alcalde cruceño sería algo cultural en Bolivia.

Más tarde, organizaciones feministas salieron en repudio del comportamiento de Fernandez, ante lo cual la “afectada” no tuvo inconveniente alguno en salir en defensa de su agresor. Fingiéndose ofendida, no por el público manoseo de sus nalgas por parte del alcalde cruceño, sino por las denuncias de las organizaciones feministas, la concejala “afectada” amenazó a dichas organizaciones con iniciarles un juicio, porque con aquellas denuncias estarían afectando su honorabilidad y la de sus hijos (¿!).

Un comportamiento similar, a su turno, tuvieron las mujeres del MAS. A ninguna de ellas (concejalas, parlamentarias y/o ministras) se les ocurrió, al menos protestar ante las constantes faltas de respeto a las mujeres de Evo Morales o de los aliados políticos del MAS. Lo que en las mujeres del poder predomina no es, pues, ni la identificación de género y menos, apego alguno a principios de defensa de las mujeres. Lo que importa, en ellas, es el triste negocio de preservación de sus espacios particulares en las esferas del poder. Un poder cuya lógica se basa en una concepción machista que, como vemos, es defendida por las propias mujeres del poder.

Podríamos pensar que, más allá de los(as) administradores(as) del Estado, la sociedad tendría la posibilidad de al menos influir positivamente sobre ellos para rectificar, aunque sea de manera parcial, este estado de cosas. Sin embargo, gracias a la desinstitucionalización que el MAS impulsa desde el gobierno, las instituciones encargadas de sancionar la violencia en contra de las mujeres, devienen poco menos que en juez y parte en el asunto. Veamos: el ex-comandante de la Policía departamental de Cochabamba, Alberto Suarez, es acusado de golpear a su ex-esposa y ante la consulta de la prensa arguye que se trata de un asunto particular. En un primer momento, este personaje es además defendido por el ministro de gobierno; ocho policías de la UTOP, también en Cochabamba, son denunciados de haber violado a una joven en dependencias de la policía y llevados ante el juez para audiencia pública. A estos ochos uniformados, en la audiencia no se les ocurrió nada mejor que sonreír ante las acusaciones. La lista de casos similares es larga, pero nada de ello le preocupa al gobierno, más interesado ahora en llevar a cabo la mezquindad de, juicio mediante, descabezar las máximas instancias de la administración de justicia, en las que todavía pueda existir uno que otro funcionario no sumiso al MAS.

¿Y cómo se encuentra en todo esto la Defensoría del Pueblo? Bien, gracias. Los ocasionales balbuceos que esta institución atina a lanzarlleva a preguntarse respecto a la utilidad de esta oficina. ¿Qué es la Defensoría del Pueblo? ¿Una ONG encubierta, una oficina burocrática, una repartición en la que, la mayor preocupación de sus funcionarios es la de cumplir con lo mínimo necesario para justificar el sueldo? La señora adjunta del Defensor del Pueblo, “encargada” de temas de la mujer y de la niñez, tiene la iniciativa que apenas alcanza a ofrecer, ocasionalmente, algunas declaraciones vagas a la prensa.

Así las cosas, pues, fie a la tradición altoperuana de los doctorcitos dos caras, la “lucha” contra la violencia intrafamiliar no hace sino reflejar la doble moral del Estado.