LA DOBLE MORAL DEL MAS

Luego de haber virtualmente desinstitucionalizado al Poder Judicial, sometido a la casi totalidad de los operadores de justicia y haber digitado muchos procesos judiciales, al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) no se le ocurrió mejor desfachatez que la de criticar al sistema judicial del país. Desde la ministra de “Justicia”, pasando por uno que otro parlamentario, hasta el mismo Evo Morales, todos al unísono ahora critican el funcionamiento del Poder Judicial. En realidad, la muestra de doble moral, en gentes que tienen en su haber traiciones, atropellos a los derechos humanos, represiones a pueblos indígenas, no es novedosa, pero conviene observar algunos de los alcances que la arremetida masista, en contra del ya de por sí venido muy a menos Poder Judicial ha causado. 

Conviene recordar que la tan mentada reforma al Poder Judicial fue anunciada y realizada por el gobierno de Evo Morales bajo la forma de elección popular, de los principales operadores de justicia. Por supuesto que en ello no figuraba la intención de transparentar el acceso a los principales niveles de dicho Poder, sino la oscura intención de estructurar un sistema de justicia funcional al gobierno. Se recordara, por ello, que en aquella elección, los “candidatos” que contaban con la venia del MAS, eran promocionados por medio de no pocas organizaciones sociales,  por militantes de base e incluso por listas que circulaban en los recintos electorales, en el mismo día de la “elección”. La tramoya consistía en estructurar un órgano judicial masista, pero con aparente ropaje de legalidad democrática. Primó, por tanto, el cálculo político y no la visión de Estado, en estos tristes hombres que hoy por hoy ocupan el Palacio Quemado.

Las cosas, por supuesto no se detuvieron en aquella farsa electoral y acto seguido, gracias a los levantamanos del MAS en el Parlamento, el asalto masista se hizo de la Fiscalía de la Nación. Fiscales, cuyo mayor mérito fue el  haber vitoreado al partido de gobierno hasta la víspera, aparecieron en los distintos departamentos y terminaron formando un círculo peligroso para el país. Tan peligroso, que algunos de aquellos masistas ascendidos a Fiscal de distrito, terminaron denunciados como miembros de bandas de extorsionadores y otros, simplemente, como corruptos. Todos, sin embargo, alegaron en su momento, que en realidad no actuaban sino en el marco de la Ley. La ciudadanía conoce lo que ello significa, al recordar que el propio Evo Morales reconoció que toma acciones, aunque éstas no sean legales. “Le meto nomás y después que arreglen mis abogados”, dijo en alguna oportunidad, como quien se jacta por llamar a delinquir, sabiendo que ningún operador de justicia podrá, por ello, siquiera intentar procesarle. Claro que no fue la única vez que Morales llamaba a delinquir; al menos en otras dos oportunidades también lo hizo. 

Junto a los Fiscales de distrito, también figuraban otras fiscales, como el hoy célebre Marcelo Soza, paladín del gobierno de Morales en la lucha contra un supuesto movimiento armado separatista. Operadores de justicia corruptos, abogados al servicio del gobierno actuando como extorsionadores, completaron el cuadro de las consecuencias del sometimiento del Poder Judicial al gobierno. En ello, los votantes para la elección de las autoridades judiciales, no fueron sino tontos útiles, para algo que, como vemos, tenía propósitos mezquinos.

El que en Bolivia vivamos, entonces, un clima de inseguridad jurídica no es algo de extrañar. No se trata solamente de la inseguridad para los inversionistas, sino incluso para simples empresarios del país. Sometidos a la extorsión, imposibilitados de acudir a la Justicia y menos todavía de denunciar aquellos actos delictivos al gobierno (donde se cobijaban varios de los extorsionadores, precisamente), las víctimas del gobierno comenzaron a multiplicarse por doquier. A tal punto ello es así, que no por nada el Poder Judicial es una de las instituciones más desprestigiadas del país y la creencia de que en Bolivia no hay justicia es una verdad incontrastable, para el sentido común. 

Este clima, claro, ha incentivado en otras instituciones también actos delincuenciales. Particularmente en la Policía Bolivia se ha observado que varios de sus altos miembros han sido encontrados delinquiendo (ya sea mediante el tráfico de drogas o mediante la extorsión) y hoy se encuentran bajo rejas…, pero en el exterior. Por supuesto que los delitos son cometidos por las personas y no por las instituciones, pero no deja de llamar la atención el hecho que sean altos oficiales de la Policía quienes se encuentren tras las rejas, por delinquir.

Como resultado de todo este mamarracho de reforma judicial que Evo Morales y los suyos han impulsado, ahora tiene el país un sistema judicial muy venido a menos. La arremetida masista para contra el sistema judicial, pero, a la vez ha causado la fragilidad del sistema democrático en su conjunto. Ello es algo elemental, porque donde no existe justicia, difícilmente puede hablarse del imperio de la democracia, de la constitución, es decir, de la Ley de leyes. Las cosas, en manos de estos hombres aptos para el desgobierno, han ido pues muy lejos en esta materia. Tan lejos, que incluso pone el riesgo los propios intereses del capital, al que tan diligentemente sirve el MAS. Esto quiere decir que la crisis del sistema judicial, la dependencia de este sistema al Poder Ejecutivo y la falta de seguridad jurídica, comienzan a verse disfuncionales para el capital mismo. Es un riesgo para éste, a mediano y a largo plazo, porque facilita la creación de un ambiente de ingobernabilidad institucional.