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Luego de varios días de protestas y enfrentamientos en los cuales el número de heridos y muertos iba en aumento, aborda un avión y huye. El destino final: Estados Unidos, muy seguro de que ahí encontraría protección y no sería juzgado por los delitos cometidos. No, no hablo de ese Octubre Negro del 2003 ni de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ese par de líneas iniciales corresponden a los últimos días de la dictadura del general venezolano Marco Pérez Jiménez, quien fue detenido en una cárcel de Miami y devuelto por la justicia norteamericana para cumplir una condena de cuatro años por los delitos de peculado y malversación.
Así en 1963, hace medio siglo, Pérez Jiménez se convertía en el primer mandatario latinoamericano en ser extraditado de Estados Unidos a su país. El segundo caso fue el de Luis Garcia Meza, en 1995. El ex dictador fue extraditado desde el Brasil a nuestro país para cumplir 30 años de prisión en la cárcel de Chonchocoro por diferentes delitos, entre ellos, el genocidio de la calle “Harrington” y el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Doce años más tarde, Alberto Fujimori se convierte en el tercer presidente devuelto a su país. En una sentencia de 212 páginas, la Corte Suprema de Chile acoge la solicitud de extradición de Fujimori al Perú, para que sea juzgado por delitos de corrupción y faltas a los derechos humanos.
Como Pérez Jiménez, Sánchez de Lozada escapó a Estados Unidos. El gobierno venezolano obtuvo la extradición no solo en virtud al tratado suscrito en esta materia, sino al convenio que el presidente Rómulo Betancourt logró con el gobierno norteamericano. Al igual que García Meza, se declaró rebelde a Gonzalo Sánchez de Lozada. Sin embargo, la legislación penal vigente en ese entonces permitió que el primero fuese juzgado y condenado en rebeldía. Las reformas al procedimiento penal, a finales de los noventa, eliminaron el juicio en contumacia. Un par de datos curiosos, entre paréntesis. El Tratado de Extradición suscrito con Estados Unidos en 1995 (y al cual se le atribuyen varios vacios) fue firmado por Sánchez de Lozada, en su primer mandato. De la misma manera, la Ley de Juicios de Responsabilidades (criticada igual por su ambigüedad procesal) fue promulgada en marzo de 2003, en su segundo gobierno.
Con estos precedentes, es inevitable preguntarse ¿Será Goni el cuarto de la lista? Hasta ahora tenemos un intento fallido. Los argumentos del gobierno de Estados Unidos para el rechazo del pedido de extradición aparentemente se fundan en aspectos meramente técnicos, los cuales debieran evitarse en este segundo trámite. Se ha dicho que su doble nacionalidad puede ser un obstáculo para su extradición, como lo fue en el caso de Alberto Fujimori cuando éste se autoexilio en el Japón. El “error” del exmandatario peruano fue querer volver a la política, aspiración que le llevo a viajar a Chile, donde fue detenido. Dudo mucho que Goni esté interesado en volver al Palacio Quemado. Seguirá más bien dando conferencias magistrales, en un inglés impecable, a estudiantes de universidades norteamericanas, sobre las economías emergentes después de la crisis o sobre la constitución como piedra fundamental de la democracia. Mientras tanto en Bolivia, cada 17 de octubre celebraremos el Día de la Dignidad Nacional.
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