REELECCION

¿Cómo entender hechos tales como la expulsión de la agencia norteamericana de cooperación, USAID, el fallo del Tribunal Constitucional permitiendo la re-elección de Evo Morales-Garcia Linera en las elecciones del próximo año y la huelga general de la Central Obrera Boliviana (COB) ocurridos casi de manera simultánea? Las respuestas a esta pregunta, claro, no pueden limitarse a razonamiento simples, como los que vienen circulando durante los últimos días. Precisamente uno de aquellos razonamientos (el de Juan Ramón Quintana) atribuía la expulsión de USAID a la decisión soberana del gobierno y al intento de mostrar un ejemplo al resto de los países del continente, en el ejercicio de la dignidad nacional. Tampoco puede responderse que el fallo del Tribunal Constitucional demuestra la sujeción de ese órgano, al Poder Ejecutivo. Finalmente, también la respuesta de los dirigentes del MAS, quienes atribuyen la huelga de la COB a la necesidad de los dirigentes del recientemente partido creado por la Central Obrera de posesionarse en vista a las elecciones del próximo año, resuelta muy simple para entender las cosas. Cada una de estas respuestas apenas señalan una minúscula parte del problema.

Nadie puede poner en duda el derecho soberano del país de definir la permanencia o no de una agencia internacional de cooperación. Lo que no puede perderse de vista, en el caso específico de la expulsión de USAID, es que ello ocurre en el marco de la presión norteamericana sobre el continente, particularmente sobre Venezuela, a raíz de los resultados de las elecciones nacionales últimas. Aquí, la decisión “soberana” del gobierno boliviano parece formar, antes que todo, parte de una corriente más amplia, que involucra pues a los gobiernos de todos nuestros países. En este contexto pero, tampoco puede pretenderse -como lo hace el señor Quintana- que la iniciativa boliviana pueda siquiera servir de “buen ejemplo” al resto de los países, debido a que prevalecen, en las relaciones internacionales, antes que actos políticos, intereses económicos.  En ese marco, el peso específico que la economía boliviana pudiera ejercer sobre el resto de los países del continente es realmente bajo. Parece, pues, que una razón de mayor importancia para la iniciativa boliviana, visto desde la perspectiva continental, puede ubicarse en la necesidad de descomprimir la presión norteamericana principalmente sobre Venezuela.

Aquí, pues, la realidad nacional resulta secundarizada con respecto a las demandas políticas mayores. Teniendo en cuenta que la cooperación de USAID, en los últimos años tenía poca importancia, si se la considera por el caudal del monto económico, la expulsión de esta agencia, pues, no tendrá mayor impacto económico. En todo caso, el principal impacto parece situarse en el ámbito político y desde nuestro razonamiento, ello se explica mejor, no tanto desde la política interna, sino desde una mirada continental. En tal sentido es que hablamos de un divorcio, entre la realidad nacional y la decisión política del gobierno.

Claro que aquella decisión también ha servido para, momentáneamente pretender distraer a la opinión pública de fallo del Tribunal Constitucional. Sin embargo, debe señalarse que también esta pretensión se encuentra divorciada de la realidad nacional y es en este divorcio donde se posicionó la oposición de los partidos políticos. El divorcio al que nos referimos puede comprenderse mediante el siguiente razonamiento. Así como en la economía se habla de “ondas largas”  (también en la historiografía algunas corrientes lo hacen), en la política también es válido hablar de tales ondas. En efecto, consideramos que la práctica política de las sociedades, se mueven en gran medida por la subjetividad colectiva. Esta subjetividad no se corresponde fielmente, a la objetividad de las estructuras (económicas, políticas, sociales) concretas. Diríamos que entre ambas, el ritmo de movimiento es diferente.

Mientras que las estructuras pueden mostrar un ritmo de mayor velocidad en sus cambios, las estructuras mentales parecen mostrar un carácter más lento, más conservador –si se quiere. En tal sentido, es válido postular que en la subjetividad colectiva boliviana, prevale todavía la adhesión al actual gobierno y es este halo invisible lo que distingue el actual período político. Lo hace con tal fuerza que las decisiones políticas que se asumen, difícilmente pueden abstraerse de ello. Pues bien, la interpretación de la Constitución Política del Estado no es solamente una cuestión teórica, doctrinal, sino principalmente un hecho político. No se interpreta la letra muerta de la Constitución, sino aquella doctrina, pero siempre en el marco de un contexto mayor, cual es el “ambiente político general”. Por ello la crítica de la oposición al Tribunal Constitucional tiene tan poco peso, es decir tan poca importancia; porque no se corresponde a ese período, a esa onda larga, de la subjetividad política nacional.

El caso de la huelga de la COB permite una mayor ilustración respecto a la no correspondencia con la realidad. En este caso, es cierto que el contenido del planteamiento de la COB, en relación a la Ley de Pensiones, es abiertamente reaccionario. Lo es, en gran medida porque excluye de un beneficio posible a la gran parte de la población trabajadora, aunque no necesariamente sujeta a la relación obrero-patronal. Pero también excluye a los ex-trabajadores,actualmente rentistas. Podría pensarse que, en contraposición, la postura del gobierno representaría una propuesta más solidaria. Sin embargo, nuevamente ambas discusiones se encuentran en terrenos diferentes. Lo que realmente importa, en el paro de la COB, es el rechazo a las políticas del gobierno y en sí, al gobierno mismo. Es el cuestionamiento a una conducción errática en los principales temas económicos, productivos y políticos del gobierno. Por ello, las “buenas razones” que el gobierno pudiera exhibir, son secundarias cuando del cuestionamiento a la posición de mando se trata.

¿Cómo entender todos estos hechos? En principio postulamos que estos hechos, aparentemente inconexos, pueden entenderse desde una perspectiva analítica  que rescate la “totalidad” del hecho. Esta totalidad se encuentra en la construcción estatal y la reforma institucional ensaya por el MAS. Hemos señalado con  insistencia que la reforma impulsada por el MAS, vía Asamblea Constituyente, ha sido en lo principal una reforma que ha permitido salvar la lógica liberal y los principios de la economía del mercado. Dicho de manera más clara, Evo Morales ha sido la tabla de salvación del sistema, ante la perspectiva de la reforma profunda que resuelva los problemas de fondo del país.

Estos problemas, en lo político-institucional pueden resumirse en la falta de correspondencia entre sociedad y construcción estatal. Es a esta falta de correspondencia que llamamos “falla estructural” en la construcción del Estado boliviano. El MAS, pues, al reproducir la lógica liberal en la organización política, ha inviabilizado la superación de aquella falla estructural. En tal sentido, las mediaciones políticas entre el Estado y la sociedad (es decir, grandemente los partidos políticos) se han atrofiado rápidamente y entre ellos el propio MAS. Por ello, lo que muestra la falta de comunicación entre el gobierno y  la COB en el actual conflicto, es precisamente la poca representatividad del MAS entre los trabajadores movilizados. Las razones por las que éstos no se sientan representados por el gobierno, resultan en consecuencia claras. Por tanto, la principal motivación que hizo añicos el sistema político boliviano en 2003 sigue vigente.

En cuanto a la estructura económica, es claro que la matriz productiva no ha cambiado. Bolivia sigue siendo un país que basa su economía en la exploración de los recursos naturales, con bajos niveles de industrialización. En tal sentido, la comercialización de los recursos naturales constituyen la renta del país que no es transformada en políticas de industrialización. Al contrario, son orientadas al gasto suntuario, como aquello de construir campos deportivos que realmente no tendrán ningún impacto en el aparato productivo. La política de despilfarro del gobierno, desde este punto de vista, también reproduce lo que en el pasado hicieron los gobiernos de Banzer, Paz Zamora, Sánchez de Lozada y demás.

Por ello es válido decir que la realidad política del país transcurre hoy al margen de la realidad profunda, estructural, del país. Son realidades, según hemos visto, distintas. La primera se mueve por la lógica del despilfarro, tanto económico como político. Es decir, el sistema político boliviano en su conjunto, malgasta el alto momento de disponibilidad (un hecho histórico, verdaderamente) del que dispuso el país durante la última media década, como para afrontar la falla estructura y la modificación de la matriz productiva.

Así las cosas, entonces,  es previsible ver el desenvolvimiento del país a corto y mediano plazo. A corto plazo, prevalecerá el reflujo socio-político; hecho que explica la confusión mostrado líneas arriba y la conversión a patrones reaccionarios de algunos sectores de trabajadores. En esta nebulosa, poco importa que en las próximas elecciones el actual gobierno todavía pueda lograr la primera mayoría en la votación (aunque ya no, claro, por dos tercios), porque, como vemos, sobre la base de una estructura “enferma”, la sociedad comienza a moverse nuevamente. En tal sentido, es previsible que a mediano plazo, la inestabilidad socio-política vaya en aumento, hasta nuevamente presentarnos un cuadro de crisis estatal. Para decirlo de manera clara, es pensable que a mediano plazo, la inestabilidad socio-política devenga en ingobernabilidad y que el gobierno, sea cual fuera, tenga que dejar el Palacio Quemado antes de que se le cumple el plazo constitucional. Algo de ello pudo observarse en la declaración del dirigente de la Central Obrera Departamental de Cochabamba, quien recordaba que “así como hemos puesto a este gobierno, también lo podemos bajar”.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió el pasado lunes su segunda decisión política y manipulativa. La primera fue la sentencia sobre el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), en la cual tras una impecable fundamentación para defender el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, declaró constitucional en un 50% e inconstitucional en otro 50% la Ley 222, que viola justamente ese derecho. Fue tan política esa sentencia que el TCP se despreocupó del cumplimiento de su exhortación de concertar el proceso. El gobierno se burló.

La segunda la publicó el pasado lunes (declaración 003/2013) para avalar la segunda candidatura continua del Presidente y Vicepresidente. Para este propósito usó lo previsible, un argumento político y lo escribió en los siguientes términos: “el nuevo orden es diferente al pre-existente, el nuevo orden implica una nueva era jurídico- política basada en la refundación del Estado, por ello se concluye que es absolutamente razonable y acorde con la Constitución, realizar el computo del plazo para el ejercicio de funciones tanto del Presidente como del Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, desde el momento en el cual la función constituyente refundó el Estado y por ende creó un nuevo orden jurídico – político”.

El TCP desconoce que precisamente para evitar la interpretación que hace y proteger la democracia de posibles manipulaciones políticas, los acuerdos de octubre de 2008 incluyeron en la Constitución la disposición transitoria primera, II, que establece: “los mandatos anteriores a la vigencia de esta constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”. Este artículo no fija excepciones, tampoco da lugar al uso de un truco, consumado recientemente con el proyecto de Ley de Aplicación Normativa elaborado por el MAS.

La historia demuestra ampliamente que el término refundación es político y puede ser usado a gusto y placer del poderoso de turno. Si revisamos antecedentes, el país ha sido refundado al menos unas 10 veces, pero en ningún momento perdió el nombre con el que nació, Bolivia. Ha sido y es el concepto más usado por los políticos (incluidos los dictadores), que padecen un complejo adanita.

Sin embargo, todos esos discursos se desmoronaron a su tiempo debido a que no superaron su origen: la estructura jurídica anterior. Sucedió lo mismo el 2006, cuando se convocó a la Asamblea Constituyente gracias a la Constitución que incluyó esa figura en 2004, durante el gobierno de Carlos Mesa. Es decir, el llamado nuevo Estado tiene su origen en la estructura jurídica del Estado de 2005 y el Congreso de ese mismo año, que convocó a la Asamblea Constituyente. No hay tal nueva era jurídico-política. Con la lógica del TCP hasta las tres leyes malditas del neoliberalismo (Participación Popular, Capitalización y Reforma Educativa) inauguraron otra era.

Este argumento es tan débil y manipulador que cualquier otro gobierno declarará en el futuro una nueva refundación del Estado. Incluso aprobará una nueva Constitución. Por ello mismo esta palabra suena a la resurrección de Jesús, que se produce cada año pero con matices particulares.

Suele decirse que a los gallos se los conoce por sus peleas en cancha y a los magistrados independientes, por sus decisiones (incluso) contra sus progenitores. Hasta ahora, los magistrados del TCP no pasaron la prueba en los dos temas claves que afectaban los intereses del gobierno (TIPNIS y reelección). Los otros casos ya traían consigo las sentencias, no hacerlo hubiera sido ir contra la corriente mundial que ya había borrado la figura del desacato, garantizado la presunción inocencia y la no retroactividad de la ley.

El TCP pudo haber declarado constitucional la segunda postulación del Presidente y Vicepresidente en los términos fijados por la misma Constitución, pero prefirió ignorar la garantía de la democracia, el voto popular, vía referéndum.